El Gobierno modificó el decreto de Alberto Fernández que buscaba regular el mercado de telefonía celular, Internet y TV por cable

El Gobierno derogó hoy la normativa que regulaba los precios de las tarifas de telefonía celular, cable e internet. A partir de ahora, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) no podrá definir los aumentos en estos servicios, que serán fijados por las propias empresas.

El Ejecutivo dio marcha atrás con un decreto de 2020 que declaraba a la telefonía celular, el cable y el internet como servicios públicos en competencia y le brindaba al Estado herramientas para controlar los incrementos de precios. De todos modos, las empresas lograron incrementar los precios en varias oportunidades a partir de medidas cautelares.

La decisión del Gobierno se da en la semana en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, criticó a las prepagas por la suba de las cuotas que aplicaron tras la vigencia del DNU 70/2023, que desregulaba al sector. 

De acuerdo al Ejecutivo, este decreto, representa “un paso hacia la desregulación de precios en el sector, con el objetivo de fomentar la competencia, incentivar la inversión y mejorar la calidad del servicio para los usuarios de todo el país”.

Bajo este nuevo marco, los licenciatarios de servicios TIC tendrán “la libertad de fijar sus tarifas, una medida que busca estimular la competencia en el sector y, como resultado, promover mejoras en la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.

A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.

La normativa establece que los precios fijados por los licenciatarios deben ser justos y razonables, garantizando que cubran los costos de explotación y permitan a todos los argentinos acceder a servicios de calidad.

Una de las motivaciones detrás de esta reforma es incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en Argentina. Al liberar a los licenciatarios de las restricciones de precios, el gobierno espera estimular la expansión de redes y servicios, asegurando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital.

Con esta medida, el gobierno promete transformar el paisaje de las telecomunicaciones en Argentina, pero su éxito dependerá de un equilibrio entre la libertad de mercado y la protección de los derechos de los consumidores.