![IMG_4298](/download/multimedia.miniatura.86dd75d76b5210af.SU1HXzQyOThfbWluaWF0dXJhLmpwZWc%3D.jpeg)
La joya
28 de diciembre de 2023![IMG_9332](/download/multimedia.normal.890fdf6f6b7357ec.SU1HXzkzMzJfbm9ybWFsLnBuZw%3D%3D.png)
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses busca reservar valor para respaldar las jubilaciones a través de inversiones para obtener ganancias o resguardar valor.
En el capítulo VII artículo 221 de la Ley Ómnibus que envió el Gobierno al Congreso se incluye el traspaso de los activos del FGS al Tesoro, al igual que todos los títulos que estén en manos de organismos públicos.
Además, deja en manos del Poder Ejecutivo adoptar "las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto" y podrán ser usados para cancelar deuda intra estado. Como contrapartida, los organismos que hayan cedido sus activos podrán presentarse ante la Oficina Nacional de Presupuesto "para manifestar la necesidad de mantener un crédito presupuestario por el equivalente de la deuda nominal a consolidarse".
El FGS de la Anses fue creado en 2007 como una alternativa al sistema previsional privado de capitalización de las AFJP que regía hasta ese momento para que los trabajadores pagaran sus aportes jubilatorios.
El Fondo busca funcionar como un mecanismo contracíclico destinado a financiar a la Anses para asegurar el pago de las jubilaciones si ocurre una crisis.
En 2008, las AFJP fueron estatizadas y todos sus fondos e inversiones pasaron a formar parte del FGS de Anses. Esto incluyó las acciones de distintas empresas privadas que le permitieron al Estado participar de las reuniones de accionistas de estas compañías.
El FGS cuenta con activos financieros como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y préstamos a provincias. A su vez, invierte en proyectos productivos o de infraestructura y ofrece préstamos a jubilados y beneficiarios de asignaciones y pensiones.
El 73,6% de los fondos están destinados a títulos públicos, 13% a acciones y los restantes se dividen entre Proyectos Productivos y de Infraestructura, créditos a jubilados, obligaciones negociables (0,9%) y plazos fijos (0,5%).
La intención es doble, ideológica: hacer que acciones nacionalizadas y en poder del Estado pasen a privados y por otro lado, conseguir dólares con la venta de esas acciones. La idea es un programa de recompra de esas acciones por parte de los privados, privilegiando primero a los propios dueños de las empresas, quienes tendrían ventajas comparativas y competitivas para recuperar sus compañías.
No será un trámite fácil. La decisión de vender las acciones individualmente o por paquete, debería ser de manera abierta al mejor postor, para que se garantice la Anses el mejor ingreso posible. Además, el organismo debería garantizar un mecanismo de transparencia para que la operación no termine con presentaciones judiciales por limitaciones en la participación de potenciales interesados. Lo habitual es que se reciban las ofertas en bloque y que la operación la realice un banco de inversión especialmente contratado para la ocasión, que a su vez garantice que manejará la venta con absoluta independencia de influencia del Estado.
Entre otras empresas, integran el listado de compañías con acciones, siempre minoritarias, manejadas por el FGS Banco Macro S.A., Telecom Argentina S.A., Siderar S.A., Grupo Financiero Galicia S.A. y Molinos Río de la Plata S.A. La lista, además, incluye a Banco Francés S.A., Grupo Clarín S.A., Edenor S.A., Petrobras Argentina S.A. e IRSA Propiedades Comerciales S.A., entre otras.