El partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y sus socios aprobaron en el Parlamento la llamada ley Varchi, que tipifica la gestación subrogada como “delito universal”, castigado con penas de cárcel de entre tres meses y dos años, y multas de hasta un millón de euros.
La diputada que da nombre a la ley, Carolina Varchi, sostuvo que “la maternidad es única, insustituible, no subrogable” y que con esta norma “ningún niño será discriminado, ni comprado por ricos ordenantes”. “La vida es un bien que no se puede comercializar, la maternidad no puede tener lugar por una compensación económica, un niño no se puede comercializar y este mercado debe terminar”, dijo la integrante del partido liderado por Meloni, Hermanos de Italia, de extrema derecha.
La gestación subrogada ya está prohibida en Italia pero la ley aprobada que modifica una anterior de 2004, permitirá perseguir también a los ciudadanos italianos que recurran a esta práctica en otro país donde sí es legal.
Aunque las estadísticas indican que la mayoría de las parejas que acuden a la gestación por sustitución son heterosexuales, los colectivos de parejas del mismo sexo sienten que son el blanco de esta nueva norma tras una ola de cambios legales, como la prohibición de registrar hijos nacidos por reproducción asistida en parejas de mujeres. “Esta ley ha sido hecha contra nosotros”, afirma Alessia Crocini, presidenta de la asociación Famiglie Arcobaleno que se manifestó en Roma para mostrar su rechazo.
“Los niños van a ser considerados hijos de un delito universal y las familias se van a ver en un proceso penal, aunque en el país donde hayan hecho la gestación subrogada sea legal”, lamenta. “Volvemos para atrás, a la época en la que se discriminaban a los hijos ilegítimos” porque habían nacido fuera del matrimonio. Por ello, su asociación y otras que representan al colectivo LGTBI se manifestaron bajo el lema ‘Somos familias, no somos delitos’ en Roma, un día antes de que se celebrara en el Parlamento la votación definitiva.
El Gobierno liderado por la extrema derecha ya aprobó varias medidas que se consideran un ataque contra la comunidad LGTBI. El Ministerio del Interior ordenó en abril a los alcaldes de todo el país que dejaran de registrar a los hijos de parejas homosexuales, incluidos aquellos nacidos por gestación subrogada (en países donde es legal) o por métodos de reproducción asistida. De la ley Varchi quedó excluida la fecundación heteróloga, es decir, la inseminación con un donante anónimo, que no será considerada delito por una enmienda introducida por el mismo partido que redactó el texto.
En base a la directriz de Interior, este mes de junio, las autoridades de Padua, en el norte de Italia, empezaron a impugnar las actas de nacimientos de los niños y niñas de más de treinta familias compuestas por dos mujeres, para eliminar de los documentos el nombre de la madre no biológica, la cual pierde de esta forma los derechos de filiación sobre el o los hijos.
Pierro y Mazzarella dicen que sabían que las actas de nacimiento de sus dos hijos “no estaban blindadas” pero ahora “existe el riesgo de que sean impugnadas”. Por eso, han empezado el procedimiento de adopción, para que el primero se convierta en el padre adoptivo de los gemelos y esperan lograrlo pronto. “Todo lo que estamos haciendo es para garantizar los derechos de los niños”, dicen ambos, que no descartan marcharse de Italia, “si la situación degenera”.
Durante la votación, la diputada ecologista y feminista Luana Zanella, de los Verdes, ha defendido la ley Varchi porque considera que la gestación subrogada proporciona un “beneficio” para todos los implicados, incluidas las agencias que la tramitan a nivel internacional, mientras “la mujer es explotada por su capacidad reproductiva”.
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