A sólo 600 kilómetros de las Islas Malvinas, dos sociedades irlandesa y británica consiguieron la aprobación del Gobierno argentino para instalar un radar. El desembargo de la compañía fue anunciado por el gobernador Gustavo Melella y el embajador estadounidense Marc Stanley. El permiso fue suspendido luego de que trascendiera que el radar tiene capacidad militar.

La historia parece increíble porque estuvo a punto de terminar en un despropósito: un radar con capacidad militar instalado en Tierra del Fuego, a 600 kilómetros de las Islas Malvinas, regenteado por una compañía constituida en la ciudad de Ushuaia a partir de dos sociedades, una irlandesa y otra británica.

Todo empezó como un emprendimiento de carácter científico y privado, a cargo de la empresa Leolabs, presentada como de origen estadounidense.

El desembarco de Leolabs en Argentina fue anunciado en marzo de este año. La propia compañía reveló que cuenta con una red de radares en distintas partes del mundo para monitorear las órbitas terrestres bajas (LEO, según sus siglas en inglés por Low Earth Orbit) y evitar la colisión de desechos espaciales potencialmente peligrosos. En ese contexto, el anuncio consistió en la instalación de uno de esos radares (o grupos de antenas) en la provincia de Tierra del Fuego, donde la situación geográfica favorece las tareas de monitoreo de los objetos espaciales bajo análisis.

Ocho meses más tarde, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad del gobierno argentino, a cargo de Mariano Lombardi, concedió el permiso de instalación del radar en territorio fueguino. Sin embargo, ya había ocurrido algo que modificaba la situación original: Leolabs se había constituido en Argentina como una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) con sede en Ushuaia. Según los documentos publicados por la Inspección General de Justicia de la provincia, la firma se formó a partir de dos sociedades extranjeras: Leo Labs Space Holding Limited con domicilio en Dublin, Irlanda, y Leolabs Limited con domicilio en Londres, Inglaterra.

De este modo, la empresa autorizada ya no era estadounidense como se planteó al principio, sino británica, y a ello comenzaron a sumarse las sospechas de que el equipamiento podía tener un uso militar, además de científico.

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco (Juntos por el Cambio) anunció entonces la presentación de un pedido de informes al Gobierno nacional sobre la autorización otorgada a la empresa Leolabs para “instalar una antena radar con función militar en Tierra del Fuego”. El tema comenzó a escalar en los medios de prensa fueguinos hasta que la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones resolvió “suspender” la autorización concedida a Leolabs Argentina y dar intervención al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Cuando Leolabs se presentó en el país precisó que su red de antenas es capaz de seguir el rastro de objetos “mayores de diez centímetros” en su deambular por las órbitas bajas. Y que puede alertar a países, instituciones o empresas cuando exista riesgo de una colisión peligrosa.

“Hacemos las mediciones, advertimos cuando alguno se está acercando a satélites operativos e informamos cómo mantenerlos a salvo”, agregó. También dijo que la ubicación del nuevo radar a los 54º de latitud resultaba “particularmente conveniente” porque es la región donde se produce la mayoría de las “conjunciones”. 

En los meses posteriores, los anuncios empezaron a tomar forma. La empresa se instaló en un predio ubicado en las proximidades del municipio de Tolhuin, unos 100 kilómetros al sur de Ushuaia.

Todo esto antes de que el asunto comenzara a difundirse en los medios y derivara en la intervención de dirigentes políticos fueguinos, hasta llegar a la suspensión del permiso que el Gobierno Nacional había otorgado inicialmente a la empresa para la instalación del radar. Por ahora el proyecto parece tan congelado como el suelo fueguino en invierno, aunque en la primavera todo puede cambiar.