El gobierno de España aprobó una ley que establece la paridad en las empresas, la política y la Justicia.
Incorporaría un cupo mínimo de 40% para cargos directivos, miembros del gobierno, candidaturas electorales y órganos constitucionales. Existirían varios plazos para adaptar la norma, que van desde 2024 hasta 2028.

La iniciativa recibió el visto bueno del Consejo de Ministros y ahora será enviada al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.

Las empresas tendrán plazos para adaptar la ley en función de su tamaño: antes del 1 de julio de 2024 en el caso de las cotizadas y hasta julio de 2026 en las empresas no cotizadas de más de 250 empleados y 50 millones de euros de volumen de negocio anual.

En el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada Ministerio deberán incorporar también este principio de “representación equilibrada” en los próximos cinco años, hasta 2028.

La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal. En el caso de entidades de interés público, consejos generales y colegios profesionales que no cumplan el umbral del 40 % tendrán que justificar los motivos y corregirlo.

También se deberán presentar listas cremallera en los procesos electorales y ningún sexo deberá tener una representación inferior al 40 % en el Consejo de Ministros.