El pueblo siona, una comunidad indígena en el margen del río Putumayo, en la Amazonía colombiana, enfrentaba una difícil decisión: el PNUD, una agencia de desarrollo de la ONU, les ofrecía dinero para mejorar sus condiciones de vida.

La ayuda significaría mejores oportunidades en un lugar donde escasean la electricidad, el agua corriente y los alimentos. Los fondos, no obstante, provenían de una alianza del PNUD con una empresa petrolera.

Para los siona, la extracción petrolera implica la profanación de una tierra sagrada. Para la agencia de la ONU, la industria de los hidrocarburos es “capaz de generar los mayores impactos positivos en las condiciones de desarrollo de las personas” a nivel mundial.

Sarah Hurtes y Julie Turkewitz del NYT, revisaron documentos, entrevistaron a decenas de funcionarios, exfuncionarios, donantes y líderes comunitarios para una investigación que muestra la presión al interior del PNUD para recaudar fondos y lanzar proyectos. Si funcionan o no, dice un exasesor técnico, eso importa menos.

De hecho, varias fuentes les contaron que una forma de minimizar los malos resultados es presentarlos como “lecciones aprendidas”. Sarah y Julie escriben:

De México a Kazajistán, estas alianzas forman parte de una estrategia que no considera a las empresas petroleras como villanos ambientales sino como grandes empleadores que pueden llevar electricidad a las zonas remotas y crecimiento económico a los países pobres y de ingreso medio.

Funcionarios y exfuncionarios de la UNDP expresaron molestia ante la posibilidad de que estas alianzas sirvan para lavarle la cara a empresas de una industria altamente contaminante.
Pero si por un lado hay un esfuerzo por facilitar la operación petrolera a cambio de donativos para comunidades necesitadas, por el otro hay un ajuste de cuentas generacional.

Naciones Unidas anunció su alianza con GeoPark en un momento de controversia. La compañía ya estaba defendiéndose en una demanda por un derrame de petróleo en la región. Luego, una organización local de defensa acusó públicamente a GeoPark de contratar a un grupo armado para amenazar a quienes se oponen a la perforación. La empresa negó con vehemencia la denuncia, pero los activistas en la región indicaron que temían por sus vidas.

En Colombia los activistas ambientales son asesinados a un ritmo de más de uno por semana, según Global Witness, una organización de derechos humanos con oficinas en Londres, Washington y Bruselas, lo que convierte al país en el lugar más mortífero para defender al planeta. Cuando los activistas se vieron en el reporte, sintieron que la agencia de desarrollo los había puesto en riesgo. No hay pruebas de que este documento u otros expedientes hayan provocado incidentes violentos.

Ecopetrol indicó en un comunicado que trabaja con la agencia de desarrollo por su reputación de imparcialidad y para asegurarse de que las comunidades desfavorecidas reciban la atención que merecen.