La Cámara de los Comunes aprobó una enmienda histórica que elimina la persecución penal a las mujeres que interrumpan su embarazo después de las 24 semanas.
Los legisladores británicos votaron a favor de despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales, tras la preocupación por el número de mujeres que son investigadas por embarazos interrumpidos. La Cámara de los Comunes aprobó una enmienda, aprobada por 379 votos a favor y 317 en contra, a un proyecto de ley más amplio que impediría que las mujeres sean castigadas penalmente en virtud de una ley que data de mediados del siglo XIX.
El aborto es legal en Inglaterra y Gales desde hace casi seis décadas, pero sólo hasta las 24 semanas y con la aprobación de dos médicos. La enmienda significa que las mujeres que interrumpan su embarazo después de las 24 semanas ya no serán investigadas por la Policía.
La diputada laborista Tonia Antoniazzi, que presentó una de las enmiendas, afirmó que el cambio era necesario porque la Policía ha investigado a más de 100 mujeres por presuntos abortos ilegales en los últimos cinco años, incluidas algunas que sufrieron abortos naturales y nacieron muertas.
Según la legislación vigente, los médicos pueden practicar legalmente abortos en Inglaterra, Escocia y Gales hasta las 24 semanas, y más allá en circunstancias especiales, como cuando la vida de la madre está en peligro. El aborto en Irlanda del Norte se despenalizó en 2019.
Los cambios en la ley implementados durante la pandemia de COVID-19 permiten a las mujeres recibir píldoras abortivas por correo e interrumpir sus propios embarazos en casa dentro de las 10 semanas posteriores a la concepción.
Los grupos antiabortistas se opusieron a las medidas, argumentando que abrirían la puerta al aborto a petición en cualquier fase del embarazo. "Los bebés no nacidos quedarán desprotegidos, y las mujeres quedarán a merced de los maltratadores", afirmó Alithea Williams, responsable de políticas públicas de la Sociedad para la Protección de los Niños no Nacidos, que se autodefine como el mayor grupo provida del Reino Unido.
El debate se produjo después de que recientes juicios hayan galvanizado el apoyo a la derogación de partes de la Ley de Delitos contra la Persona de 1861. En un caso, una madre de tres hijos fue condenada a más de dos años de prisión en 2023 por inducir médicamente un aborto a los ocho meses de embarazo.
Carla Foster fue puesta en libertad un mes después por un tribunal de apelación que redujo su condena. La jueza Victoria Sharp dijo que ese caso requería "compasión, no castigo" y que no había ningún propósito útil en encarcelarla.
Los partidarios del proyecto de ley dijeron que se trataba de una reforma histórica que evitaría que las mujeres fueran a la cárcel por interrumpir su embarazo. "En un momento en que estamos viendo retrocesos en los derechos reproductivos, sobre todo en Estados Unidos, este hito crucial en la lucha por los derechos reproductivos envía un poderoso mensaje de que nuestros legisladores están defendiendo a las mujeres", afirmó Louise McCudden, de MSI Reproductive Choices.
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