Índice de emancipación

Alquilar casi siempre fue difícil, pero nunca tanto como ahora. Y nuevos datos ilustran la escala del problema. En el primer trimestre de este año, los trabajadores jóvenes con empleo formal, debieron usar el 70% de su salario para alquilar un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires.

Aún sumando otra persona, amiga/o o pareja para repartir gastos, en un dos ambientes, el 48% de la suma de esos dos ingresos, se va en el alquiler.

Los datos son el resultado del primer Índice de Emancipación que publica el Instituto de Desafíos Urbanos Futuros.

Alta inflación, una economía bimonetaria, y salarios bajos, son la tormenta perfecta que explica cómo se llegó hasta esta situación, que impide que muchos jóvenes puedan alquilar, incluso tras varios años de contar con un empleo formal, lo cual ya no es bastante común.

El IDE mide qué tan accesible es la vivienda a través de la relación entre un salario y un alquiler medio. La serie, que arranca en 2018, ilustra lo que muchos inquilinos sienten en estos últimos años.

A principios de 2018, quienes contaban con un salario y querían emanciparse del hogar familiar debían destinar cerca del 50% de su ingreso para el alquiler de un monoambiente. Una alternativa acaso más razonable era sumar otro salario, para lo cual había que separar el 32% de esos ingresos.

Otro dato preocupante, por las dificultades crónicas de acceso al crédito es que el 50% de los inquilinos son hijos de inquilinos. “Esta situación podría afectar las posibilidades formales de esos hijos de inquilinos para ingresar al mercado de alquileres (por ejemplo, al no contar garantía propietaria de sus padres) y también la posibilidad de sostenerse económicamente bajo el modelo de ‘hogar satélite’ del hogar de origen, en la medida en que ese hogar –también inquilino– puede sufrir algún nivel de compromiso respecto a la asequibilidad”, dice el informe.

En Rosario, tercera ciudad en cantidad de habitantes y de hogares inquilinos del país, la situación tampoco es sencilla. Cintia Barenboim, investigadora del Centro de Altos Estudios en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), comenzó a coordinar un observatorio y taller de acceso a la vivienda en el que analiza los factores que afectan la situación inquilina en el área central de Rosario.

La especialista explica que el alquiler de un monoambiente en la zona central de Rosario no baja de los $200.000, cifra que en el primer trimestre de 2024 representaba el 37% de un salario promedio en Santa Fe (según datos del Centro de Estudios para la Producción). Si se suman expensas, tasas y servicios, se lleva más del 50% de los ingresos de un empleado formal.

Algo parecido ocurre en Córdoba Capital, donde los nuevos contratos vienen con fuertes actualizaciones y las expensas aumentaron hasta un 230% interanual.

Tras los problemas generados en el mercado durante la vigencia de la Ley de Alquileres, hay que evitar generar nuevamente incertidumbre, por lo que la alternativa en la emergencia es trabajar algún acompañamiento a la demanda que no afecte a los propietarios.

Un ejemplo de tantos es el de Madrid, que lleva 40 años desarrollando su política de vivienda a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

Una de las políticas de la EMVS es el programa “Compramos tu vivienda”, que busca convertir vivienda privada en unidades protegidas que la ciudad suma a su propio parque, aumentando la oferta disponible. “Para ello, la EMVS ofrece precios de mercado para conseguir que los particulares que quieren vender su inmueble se interesen por las condiciones fijadas por el Ayuntamiento de Madrid”, explica su página oficial.

“Si te decides por alquilar una vivienda, el alquiler puedes realizarlo en el mercado libre o bien puedes optar a un alquiler del parque de viviendas públicas de la Comunidad de Madrid o de promotores privados”, explica la web oficial de la capital española.

México acaba de anunciar un programa de acceso a la vivienda que le permitirá a los trabajadores alquilar y, tras cumplir con los pagos durante diez años, tener la opción de adquirirla en propiedad. Un programa similar de “arriendo social” funciona hace años en Colombia.

Ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba tienen una amplísima paleta de opciones. Falta la decisión.