Conflicto universitario: la UBA llegó a un acuerdo con el Gobierno y suspendió la emergencia presupuestaria

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires suspendió la emergencia presupuestaria que había declarado en abril tras acordar un refuerzo con el Gobierno. Sin embargo, aclaró que la actualización está "destinada únicamente al funcionamiento operativo" de la institución y remarcó que "continúa la preocupación por la cuestión salarial, investigación e infraestructura".

Con apenas unas horas de diferencia, se destrabaron el financiamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA), cuyo vicerrector es Emiliano Yacobitti, y la creación de la Universidad de Río Tercero.

Dos gestos sugestivos y simultáneos del Ejecutivo. De Loredo y Brouwer de Koning celebraron junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la decisión de dejar sin efecto la resolución con la que había frenado la creación de cinco universidades. Una de ellas, la de Río Tercero.

La diputada cordobesa es la presidenta de la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados y era quien venía en conversaciones con UxP  para buscar un dictamen común e imponerle al Gobierno una fórmula deactualización previsional por ley, un poco más generosa que la que se fijó por decreto y ponerle sobre la mesa al Gobierno algo por ahora inédito: un pacto de peronistas y radicales para sancionar una ley sin aval del oficialismo.

La UBA, al igual que todas las universidades nacionales del país, se manifestó masivamente el 23 de abril contra la decisión del Gobierno de prorrogar el presupuesto del año anterior para todos los recursos de la administración pública en el marco de una inflación interanual que por ese entonces alcanzaba el 211,4%. Desde las autoridades de la universidad habían advertido que esto podría llevar al cierre de la misma.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) señaló que la actualización presupuestaria que recibió la UBA implica un "reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema", pero sentenció que "resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para las 60 universidades de todo el país".

"No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda", cuestionó la entidad, que exigió recibir el mismo incremento y rechazó "cualquier metodología que promueva la división entre universidades".

El Consejo Superior de la institución declaró "el estado de alerta y profunda preocupación en materia de recomposición salarial", reclamó por "las partidas restantes aún no actualizadas y/o discontinuadas" vinculadas a áreas como Ciencia y Tecnología y programas de Infraestructura universitaria y se manifestó a favor de la sanción de una Ley de Financiamiento Universitario "que establezca parámetros objetivos en la distribución y actualización del presupuesto de las universidades nacionales".