Yo, Javier

El Gobierno de Javier Milei envió ayer al Congreso el Proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Se trata de un texto que le otorga al Poder Ejecutivo delegaciones legislativas en los ámbitos fiscal, previsional, de defensa, electoral, jurídico y energético, entre muchas otras cosas.

Cada día que pasa deja más claro que audacia y temeridad son la misma cosa para el presidente. El proyecto de ley les reclama a los diputados y senadores poderes absolutos hasta el final de su mandato. La democracia cruje fuerte.

En su artículo tercero, se declara la Emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, que podrá ser prorrogada por dos años una única vez.

El proyecto declara “sujetas a privatización” a 41 empresas estatales y sociedades del Estado “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”.

Entre ellas, se encuentran YPF, Aerolíneas Argentinas, Télam, Radio y Televisión Argentina (Radio Nacional y TV Pública), el Banco Nación, AySA, Ferrocarriles Argentinos y Fabricaciones Militares.

Las compañías se constituirán como sociedades anónimas (algunas ya lo son) en las que el Ejecutivo podrá conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.

La ley modifica la forma en que votamos. Uno de los cambios se da en la elección de los diputados. Este sistema establece que el territorio se dividiría en circunscripciones en las que cada partido presenta a un candidato. Estas secciones todavía no fueron definidas y debería delimitarlas la DINE, órgano del Ejecutivo.

Lo que no es una incógnita es la reestructuración que sufriría la Cámara de Diputados, que se vería afectada por un artículo que modifica el número de diputados nacionales a elegir según la cantidad de habitantes. La nueva legislación propone un diputado por cada 180 mil habitantes (hoy es cada 161 mil), y elimina el piso de 5 diputados por distrito. Con claridad, la provincia de Buenos Aires es la más beneficiada. 

Dado que no hay legislación sobre paridad horizontal, el nuevo cambio tampoco garantizaría la paridad de género efectiva en las cámaras si la mayoría de las candidaturas son ocupadas por hombres.

Por último, se establece la eliminación de las PASO. Por separado, se envió otro proyecto para tratar la media sanción pendiente en el Senado para aprobar la Boleta Única de Papel.

La ley deroga el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, También conocida como Ley Guzmán. En otras palabras, le permitiría al Poder Ejecutivo tomar deuda extranjera sin la necesidad de la aprobación del Congreso.

Sin embargo, la normativa no modifica el segundo artículo, que dispone que todo programa de financiamiento o ampliación de montos con el FMI requiere de una ley del Congreso. De esta forma, en caso de que se llegue a un nuevo acuerdo con el organismo multilateral de crédito, se deberá pasar por el Parlamento.

La ley que se busca derogar fue sancionada en 2021 durante el Gobierno de Alberto Fernández con el fundamento de que un endeudamiento como el tomado con el FMI en 2018 debía ser debatido “frente a la sociedad”.

La nueva normativa establece una pena de prisión de uno a tres años y medio a quien impidiera el normal funcionamiento de los transportes. Si en el proceso causara daño a alguien o portara un arma la pena sube de dos a cuatro años.

Quienes organicen una manifestación (entendida como la “congregación intencional y temporal de tres o más personas”) que impidiera la circulación pueden tener hasta cinco años de cárcel, y quienes fuercen a alguien a asistir pueden ser condenados por hasta seis años.

La reforma también les otorga beneficios a las fuerzas de seguridad, ya que les brinda mayor protección legal y amplía el concepto de la legítima defensa.

La ley dispone la derogación de multas, infracciones y sanciones para los empleadores que regularicen a trabajadores que no estén registrados o lo estén pero en condiciones precarias. Además, se dará de baja del registro de empleadores con sanciones laborales a quienes paguen sus multas y regularicen a sus trabajadores.

La reglamentación determinará los porcentajes de condonación de multas que se van a aplicar, que en ningún caso serán inferiores al 70% de las sumas adeudadas. También se podrán establecer incentivos y beneficios especiales para pymes.

En cuanto al empleo público, se crea un fondo de reconversión laboral en el que se les brindará asistencia técnica y capacitaciones a los trabajadores estatales que sean despedidos a causa del achicamiento del Estado.

La reforma elimina la fórmula de movilidad jubilatoria y permite el aumento de las jubilaciones por decreto.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses pasaría a ser controlado directamente por el Tesoro.
Se autoriza la reventa de entradas para eventos.
Se cierran el Instituto Nacional de Teatro y el Fondo Nacional de las Artes.
En uno de los artículos más curiosos, se ratifica el DNU publicado la semana pasada, que todavía no fue tratado por el Congreso.
Ambiente: la ley establece la creación de un mercado de carbono, habilita la actividad económica en las zonas circundantes a glaciares, quita recursos a la Ley de Bosques y facilita la quema de terrenos.
La Ley Micaela sólo será obligatoria para empleados públicos que se desempeñen “en organismos competentes en la materia”.
Se modifica la redacción de la Ley de 1000 días. Ahora se habla del niño “desde la concepción” y de “madres embarazadas” en lugar de “mujeres y personas gestantes”.
La propuesta les permite a las universidades arancelar la educación para extranjeros no residentes.
 
La perlita del proyecto de ley. Entre los puntos se establece que los jueces pasarán a usar toga y abrir las sesiones con un martillito. Hollywood.