Una iniciativa global busca intensificar la lucha contra los delitos ambientales

Una nueva iniciativa mundial para combatir los delitos contra el medioambiente se ha puesto en marcha. La recién lanzada Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza buscará ponerle fin a las redes delictivas ambientales, cuyas actividades ilícitas generan hasta 280.000 millones de dólares al año, según informó el proyecto.

La alianza, dirigida por los gobiernos de Noruega, Estados Unidos y Gabón, reunirá a Estados, organismos internacionales, fuerzas de seguridad y organizaciones de la sociedad civil para luchar contra la explotación ilegal de los recursos naturales y la fauna y flora silvestres.

Según expertos, los delitos contra el medioambiente son cuarta actividad delictiva actividad delictiva más lucrativa del mundo, por detrás del tráfico de drogas, la trata de personas y la falsificación,con la deforestación ilegal, la conversión de tierras, la minería, la pesca y el comercio de especies silvestres, entre las formas más frecuentes.

La alianza fue anunciada en una reunión del Fondo Mundial para el Medioambiente, el mayor fondo multilateral del mundo para la acción ambiental y pretende aumentar la voluntad política, incrementar los compromisos financieros e impulsar la capacidad internacional para combatir los delitos contra el ambiente.

“Los delitos contra la naturaleza amenazan nuestra seguridad colectiva. Socavan el Estado de derecho, alimentan la corrupción, destruyen ecosistemas y llevan a las especies al borde de la extinción, mientras proporcionan miles de millones de dólares a los grupos delictivos transnacionales”, declaró Jennifer Littlejohn, subsecretaria de la Oficina de Océanos y Medioambiente de Estados Unidos, en la presentación de la alianza en Vancouver, Canadá.

Expertos han afirmado que constituyen un obstáculo para avanzar en la lucha contra el cambio climático, hacer frente a la pérdida de biodiversidad, reducir futuras pandemias y lograr un desarrollo sostenible. La escala de los delitos es inmensa y sus autores suelen estar vinculados a delitos financieros. La Alianza contra los Delitos contra la Naturaleza informa que los crímenes contra el medioambiente generan cada año entre 110.000 y 281.000 millones de dólares en ingresos delictivos, y pueden tener repercusiones indirectas de hasta 2 billones de dólares anuales.

Las operaciones mineras ilícitas destruyen bosques y contaminan ríos en toda la cuenca del Amazonas y otros ecosistemas forestales vitales. Las actividades pesqueras ilegales interrumpen cadenas alimentarias cruciales que sirven tanto a las poblaciones humanas como a la vida marina. El tráfico de vida silvestre también amenaza la supervivencia de numerosas especies emblemáticas, como tigres, jaguares, elefantes y rinocerontes.

La abundancia de flora, fauna y recursos minerales en América Latina hace que la región sea especialmente vulnerable a los delitos contra el medioambiente.

Informes han revelado que muchos grupos delictivos organizados que históricamente se dedicaban al tráfico ilegal de drogas ahora se han centrado en los delitos contra el ambiente, aprovechando los bajos riesgos, los altos beneficios y la corrupción general.

Al albergar casi una cuarta parte de los bosques tropicales del mundo, América Latina es un punto caliente en el comercio ilegal de madera, cuyo valor global se estima en hasta 150.000 millones de dólares anuales.

Por ejemplo, el año pasado, una operación en 12 países dirigida por Interpolcondujo a la recuperación de más de 80 camiones cargados de madera ilegal procedente de bosques de América Latina y el Caribe, valorados en más de 700.000 dólares estadounidenses. Durante la operación de Interpol se denunciaron casi 300 incidentes y se detuvo a 69 personas.

América Latina es también la región más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente, con frecuencia en el punto de mira de los delincuentes medioambientales. Desde 2012, más de 1.700 activistas han sido asesinados en todo el mundo, y casi el 70% de los casos se han producido en América Latina. Brasil ha registrado el mayor número de asesinatos, que han afectado especialmente a indígenas o afrodescendientes, seguido de Colombia.