Este lunes inicia el décimo juicio de lesa humanidad en Corrientes por crímenes cometidos durante la última dictadura militar, con un extenso proceso contra diez represores por 104 casos de privación ilegítima de libertad agravada y tormentos, en los que se condensan secuestros, alojamientos en centros clandestinos y torturas. Se juzgan además ocho casos de personas que aún permanecen desaparecidas, dos homicidios y dos hechos de niños privados de libertad con sus madres, uno de ellos nacido en cautiverio.
La causa es la más voluminosa, hasta el momento, de los procesos por lesa humanidad que se llevaron adelante en Corrientes y está entre los más relevantes de los 320 que se realizaron en Argentina hasta abril de este año. Busca no sólo condenar a culpables de la represión, si no también comprender, con la certidumbre de la verdad jurídica, parte de la organización militar y territorial del aparato represivo del Estado en el norte argentino.
La fiscalía federal pretende esclarecer cuáles fueron las directivas secretas del gobierno de facto para la división territorial del país. Se entiende, a través de la instrucción, que el país estaba dividido en cuatro zonas y éstas, a su vez, en sub-zonas. En este juicio, se apunta contra los responsables de las tareas realizadas en la sub-zona 23, que quedó bajo la responsabilidad de la Brigada de Infantería VII con asiento en la ciudad de Corrientes, pero con una jurisdicción mucho más amplia que incluía las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y los departamentos correntinos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.
La causa va a poner al descubierto que una de las herramientas que usó la dictadura fue la cuadriculación territorial para operativizar el plan represivo. La instrucción entiende en este caso que la Brigada de Infantería VII, al igual que otras en otros espacios territoriales, contaba con libertad de acción para detectar discrecionalmente a cualquiera que diera sospecha de injerencia o relación con personas consideradas “enemigas” y proceder a capturarlas y alojarlas en centros de detención clandestinos; y mediante la aplicación de torturas, golpes y vejaciones obtener información sobre actividades propias y ajenas.
Este litigio busca determinar la clave de la sistematicidad y metodología del aparato represivo llevado adelante por fuerzas de seguridad provinciales y federales, organizadas bajo la órbita de la Brigada de Infantería VII. A partir de las 104 imputaciones mencionadas, y con el trabajo de casi una década, el proceso es una continuidad y ampliación de la causa conocida como RI9 (Regimiento de Infantería IX) que fue el primer de lesa humanidad en el interior del país y punto de partida para a armar el mapa represivo no sólo de Corrientes si no también de la región.
Los imputados
Inicialmente se juzgaría a 21 personas que formaban parte de la Brigada de Infantería VII, sin embargo, sólo se sentarán en el banquillo 10 imputados, debido a que algunos fueron apartados de la causa y otros fallecieron. Serán juzgados entonces: el jefe de la División II-Inteligencia, de la que dependía la Brigada VII, José Emilio Mechulán; el general Eduardo Antonio Cardoso, auxiliar de la División II Inteligencia e Interventor de la policía de la provincia; y Alfredo Carlos Farmache, auxiliar de la División I- Personal. También están acusados integrantes del Centro de Detención Clandestino del RI9 el coronel Abelardo de la Vega; el capitán Juan Carlos De Marchi, oficial de Inteligencia que ya fue condenado previamente; Raúl Horacio Harsich, también oficial de Inteligencia; y el coronel Horacio Losito, condenado en el primer juicio. Completan la nómina, integrantes de Gendarmería Nacional bajo control del Ejército que fueron indicados como integrantes de los grupos operativos: el comandante Raúl Alfredo Reynoso, el comandante Abelardo Palma y el sargento Pedro Alarcón.
El listado evidencia que diversos grupos de las fuerzas de seguridad, además de las fuerzas armadas, operaron de forma coordinada bajo el mando operacional de la Brigada VII.
De los 104 hechos que serán juzgados, se pueden indicar que la mayoría son por privación ilegítima de libertad agravada y tormentos, pero también se juzgan ocho casos de personas que aún revisten el carácter de desaparecidos, dos homicidios y la privación de la libertad de dos niños que permanecieron con sus madres, uno nacido en cautiverio y una que fue llevada con su madre detenida con diez días de vida.
Será juzgado el asesinato del afiliado peronista Modesto Pucheta, un hombre de 56 años que fue secuestrado de 20 de noviembre de 1976. Padre de un militante montonero que se fugó de la Central de Policía de Corrientes, Modesto fue detenido junto a su familia y asesinado en la Jefatura de Policía. Se cree que fue torturado y supuestamente se suicida arrojándose del primer piso, Sin embargo, luego se comprueba que fue asesinado por agentes de la Brigada.
El juicio es también una oportunidad para volver a reclamar por el paradero de los ocho desaparecidos.
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