El Congreso de El Salvador aprobó ayer con 67 votos a favor y 6 en contra un decreto por el cual los presuntos pandilleros detenidos pueden ser procesados judicialmente de forma colectiva. Según la disposición, grupos de 900 reclusos podrían enfrentar un mismo juicio.
Según argumentaron autoridades del Congreso, “con esta medida la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal, lo que facilitará su juzgamiento”. Se agruparán los juicios de los acusados que pertenezcan “a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita”.
La norma también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación.
"Claramente vulnera principios que son fundamentales de presunción de inocencia (...) porque hoy tenemos capturas donde simplemente la policía y las fuerzas armadas han catalogado como sospechosa a cualquier persona y la han detenido", dijo a Reuters el diputado César Reyes, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Ingrid Escobar, de la organización Socorro Jurídico Humanitario, afirmó que el país estaba "regresando a la época inquisitiva". "Es grave porque les van a imputar a la gente delitos que no han cometido, por el hecho de simplemente relacionarla con una estructura criminal", añadió.
En los 16 meses de estado de emergencia, que tiene un amplio respaldo popular ante el declive del índice de homicidios, han sido detenidos más de 71,900 presuntos pandilleros y liberados 6,000, según datos oficiales, mientras grupos civiles han denunciado 174 muertes y 6,400 abusos en el marco de la medida.
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