El avance de la derecha dura amenaza el consenso democrático sobre el rechazo al terrorismo de Estado

El País 18 de mayo de 2023
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A la última dictadura militar argentina no la sobrevivió ningún partido político surgido de sus entrañas, a diferencia de otros países en los que el terrorismo de Estado tuvo un correlato en expresiones electorales que pasaron a actuar en democracia. Unas 30.000 desapariciones perpetradas en pocos años, la quintuplicación de la deuda externa, inflación disparada, la traumática derrota en la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido y fraudes orquestados con la élite económica a la vista de todos dejaron a los dictadores sin herencia política directa, pese a que la buscaron.

El negacionismo explícito de los crímenes de la dictadura tampoco encontró mucho espacio. Entre los múltiples cómplices del régimen, la Iglesia católica, cámaras empresariales y los principales medios de comunicación enarbolaron mientras pudieron eufemismos como reconciliación nacional, evitar la venganza o construyeron en la más sofisticada teoría de los “dos demonios”, que procura equiparar al terror de Estado con las organizaciones armadas. Más cerca en el tiempo, sectores conservadores se dedicaron a menoscabar la cifra de 30.000 desaparecidos, que es el número denunciado por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo cuando todavía asolaba la represión.

La prédica a favor de la impunidad, aunque persistente, no impidió que hasta diciembre pasado fueran condenados al menos 1.117 represores, desde comandantes a torturadores y secuestradores de baja graduación, y otras 2.223 personas continuaban siendo investigadas en 643 causas, según la estadística de la Procuraduría (Fiscalía) de Crímenes contra la Humanidad.

Ese marco en el que se desarrolló la democracia argentina, no exento de marchas y contramarchas, encuentra que las fronteras se están corriendo al ritmo del clima de época. Estamos en una situación de amenaza al consenso mínimo, que es el rechazo al terrorismo de Estado.

Hay diferentes umbrales de consenso sobre las políticas de memoria, verdad y justicia; interpretaciones históricas sobre el Juicio a las Juntas, la reapertura de los procesos y el informe Nunca Más. El rechazo al terrorismo de Estado es el umbral mínimo pero aparecen actores políticos, con posiciones por lo menos ambiguas. A 40 años de la recuperación democrática.

Milei eligió como postulante a vicepresidenta a Victoria Villarruel, una abogada que surgió a la luz pública para denunciar que “los terroristas que hicieron atentados en los setenta, tomaron el poder, reescribieron la historia y se garantizaron la impunidad”.

Villarruel expresa sus puntos de vista. Debate, provoca y ve cómo se le abren las puertas en espacios que hasta hace un tiempo prescindían de presencias de su tipo. Antes de ser electa diputada nacional en 2021 en las listas de La Libertad Avanza, el papel público de Villarruel como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas se limitaba a reductos ultras, agitación en redes sociales y alguna presencia esporádica en el diario La Nación. No está sola.

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Mauricio Macri dio algo de aire a ese tipo de organizaciones y el propio ex presidente eligió una retórica sobre los “dos demonios”, teoría que había defendido décadas atrás.

La coalición JxC tiene dirigentes y partidos abiertamente contrarios a la impunidad de los represores, algunos negacionistas en los márgenes y un núcleo mayoritario, en el que está el propio Macri, al que el tema no le importa demasiado. Ese desinterés no impidió que los juicios continuaran, que más nietos robados por los represores recuperaran su identidad y que siguiera un abordaje democrático sobre el proceso de memoria, verdad y justicia.

De alguna forma, el paso del macrismo fue una prueba superada y el resultado fue que se consolidaron ciertos límites que se habían puesto en discusión.

El fallo de la Corte Suprema conocido como 2x1, que en 2017 pretendió cambiar la forma en que se computaba el tiempo pasado en prisión por los represores tenía como significado que cientos de militares salieran en libertad. La reacción fue tal, con cientos de miles de personas en las calles y repudios en todo el país, que la Corte Suprema se vio forzada a revisar su propia decisión. El máximo tribunal, que trataba de adaptarse a los tiempos en la Casa Rosada, midió mal el clima social.

Patricia Bullrich reclamó que deje de ser usada “la sanción militar como represalia ideológica”. José Luis Espert, otro de los probables precandidatos a presidente por la alianza conservadora, tuiteó: “La kaza de brujas no termina. Asko”, con la K referenciada para todo lo que tenga que ver con los Néstor Kirchner y Cristina.

Horacio Rodríguez Larreta se vio llamado a actuar. Lo hizo a través de su ministro de Justicia y Seguridad, Eugenio Burzaco, quien pidió “dejar de armar listas negras y perseguir personas por pensar distinto”. La movida muestra hasta qué punto la competencia de Milei empuja a JxC a la sobreactuación.

Cada 24 de marzo, día en que se conmemora a las víctimas de la dictadura, cientos de ciudades y pueblos, son escenario de homenajes a los desaparecidos. Las elecciones presidenciales podrán marcar un ascenso de la derecha dura o la ultraderecha con condimentos negacionistas que no estaban en el radar hasta hace pocos años. Desandar el camino de la memoria no será sencillo. La lucha por los derechos humanos soportó varios vendavales y demostró su capacidad de resiliencia.

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La avanzada negacionista se inscribe en que varios países de la región han pasado por procesos similares, con reivindicación abierta de los pasados autoritarios y una funcionalidad política muy concreta de replantear estos debates para la violencia del presente. Ponen en juego el rol de las fuerzas armadas y las proclamas de orden y seguridad.

Ningún país de América Latina avanzó con políticas de memoria, justicia y reparación como Argentina.

Las Madres y Abuelas, que habían desafiado a los dueños de la vida y de la muerte en la más absoluta indefensión, sumaron a los nietos a su lucha. Nunca se resignaron. Llegó la justicia. Hoy no hay garantías de no repetición. Se deben seguir construyendo condiciones para afirmar el “Nunca Más”.

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