Ley Micaela: solo siete provincias completaron algún tipo de capacitación de género

“Lo más importante es que la sociedad pueda ver lo que está pasando en el Poder Judicial”, el objetivo es claro en palabras de Melisa García, fundadora de ABOFEM, que junto a Fundación Micaela García, Proyecto Generar, la Guardia de Abogadas Feministas de Católicas por el Derecho a Decidir, ABOSEX y CLADEM Argentina elaboraron el Monitoreo sobre la implementación de la Ley Micaela en los Poderes Judiciales.

Micaela García, a quien hace referencia el nombre de la Ley, fue víctima de un femicidio cometido en 2017 por Sebastián Wagner, quien se encontraba en libertad condicional. La capacitación obligatoria en género busca formar y sensibilizar a quienes integran los poderes públicos para contrarrestar las cifras de crímenes de odio por motivos de género y los fallos de contenido machista, que repercuten directamente en la vulneración de derechos de las mujeres y diversidades.

La Ley de capacitación obligatoria en género y violencia por motivos de género, alcanza a todas las personas que se desempeñan en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Las organizaciones de la sociedad civil que elaboraron el Monitoreo recurrieron al pedido de acceso a la información pública (Ley 27.275) para conocer cuál es su estado de aplicación ya que entienden que la impartición de la justicia desde la perspectiva de género es una herramienta fundamental para eliminar la violencia de género en todas sus modalidades.

La rendición de cuentas y la transparencia del sistema de justicia se opaca al conocer que sólo siete jurisdicciones (29%) respondieron en tiempo y forma el pedido de información pública: Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur. El 17% no respondió -Jujuy, La Pampa, Salta y San Juan- y el 46% de las provincias lo hicieron de manera incompleta, en incumplimiento a la Ley de acceso a la información pública.