Desde este viernes, las jóvenes que lleguen a su mayoría de edad en Estados Unidos van a tener menos derechos que sus madres y sus abuelas.
Una última consideración desaconseja el fallo de la mayoría: la propia polémica en torno a los casos de Roe y de Casey. La mayoría dice que en el precedente de Casey se actuó fuera de los límites de la ley para suprimir el conflicto sobre el aborto, para imponer un “acuerdo” sobre la cuestión, sin principios, con la intención de acabar con la “división nacional”.
El poder, no la razón, es la nueva moneda de cambio de esta Corte. El fallo Roe se ha mantenido durante 50 años. El fallo Casey, un precedente sobre el precedente que confirma específicamente a Roe, se ha mantenido durante 30 años. Y la doctrina del precedente judicial, un elemento fundamental del estado de derecho, se mantiene firme detrás de la vigencia de los dos fallos. El derecho que esas decisiones establecieron y preservaron está arraigado en nuestro derecho constitucional, y se origina y conduce a otros derechos que protegen la integridad corporal, la autonomía personal y las relaciones familiares.
El derecho al aborto también está arraigado en la vida de las mujeres, ya que determina sus expectativas, influye en sus decisiones sobre las relaciones y sobre el trabajo, y apoya (como todos los derechos reproductivos) su igualdad social y económica. Desde el reconocimiento (y la afirmación) de este derecho, nada ha cambiado para apoyar lo que la mayoría decide hoy. Ni la ley, ni los hechos, ni las actitudes han aportado nuevas razones para llegar a un resultado diferente al de Roe y al de Casey. Lo único que ha cambiado es la Corte.
Ahora una nueva mayoría de esta Corte, anula los fallos de Roe y de Casey. Convierte una serie de opiniones discrepantes en las que se expresa aversión por los fallos de Roe y de Casey en una decisión que da luz verde a la prohibición total del aborto. Elimina un derecho constitucional de 50 años que salvaguarda la libertad y la igualdad de las mujeres. Rompe un principio básico del estado de derecho, diseñado para promover la continuidad de la ley. Al hacer todo esto, pone en peligro otros derechos, desde la anticoncepción hasta la intimidad y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y, por último, socava la legitimidad del tribunal.
“El tribunal”, explica el fallo Casey, “no podía pretender” que la anulación del fallo Roe tuviera alguna “justificación más allá de una disposición doctrinal actual para salirse del camino del tribunal de 1973”. ¿Y anularlo por ese motivo? Citando al juez Stewart, el fallo Casey explica que hacerlo, revocar la ley anterior “sobre una base tan poco firme como un cambio en la composición [de la Corte]”, invitaría a pensar que “esta institución no tiene grandes diferencias con relación a los dos poderes políticos del Gobierno”.
Ningún punto de vista, se dice en el fallo Casey, podría hacer “un daño más duradero a este tribunal y al sistema de derecho al que es nuestra misión permanente servir”. Anular el fallo Roe, concluyen en Casey, haría pagar a la Corte un “precio terrible”.
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