Durante décadas, científicos de todo el mundo alertaron sobre las consecuencias de un planeta cada vez más caliente. Los informes eran claros: el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero provocado principalmente por la quema de combustibles fósiles podía modificar el clima global, alterar ecosistemas y aumentar la frecuencia de fenómenos extremos.
En Vanuatu, una república insular del Pacífico amenazada por el aumento del nivel del mar, representantes jurídicos presentaron una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas para aclarar la responsabilidad de los países en la batalla por frenar el calentamiento global.
Hace un año, los jueces del máximo tribunal de la ONU concluyeron por unanimidad que no luchar contra el calentamiento suponía una violación del derecho internacional. También que los Estados más afectados por los daños que acarrea la crisis climática están habilitados a exigir reparaciones en los tribunales.
Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Rusia, señalados como principales responsables del nuevo clima, se defendieron argumentando que hasta finales de la década de los 80 no tuvieron conocimiento de los peligros provocado por los combustibles fósiles.
Sin embargo, una cronología publicada en una investigación contradice esa afirmación. Elaborado por los abogados del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL), se revela que numerosos gobiernos conocían desde hace décadas que la quema de combustibles fósiles iba a elevar la temperatura del planeta y que sus consecuencias serían graves para las personas y los ecosistemas.
Basándose en archivos gubernamentales, informes científicos, memorandos oficiales y otros registros, el estudio Alertas tempranas: conocimiento gubernamental del cambio climático y responsabilidad legal por los daños climáticos concluye que los funcionarios de muchos de los países que son los mayores emisores históricos del mundo, tenían advertencias sobre los riesgos climáticos de los combustibles fósiles desde al menos la década de 1960 y, en algunos casos, antes.
Tiene relevancia jurídica. Puede servir para demostrar que los Estados incumplieron durante décadas su obligación de prevenir el daño climático. Esta evidencia es importante porque la responsabilidad por la crisis climática no solo depende de lo que los gobiernos hicieron o dejaron de hacer, sino también de lo que sabían y cuándo lo supieron.
El informe documenta que los gobiernos recibieron repetidas advertencias de que el uso continuado de combustibles fósiles podría provocar un aumento de las temperaturas y del nivel del mar, fenómenos meteorológicos extremos y daños ambientales generalizados.
En el caso de Estados Unidos, el país que más dióxido de carbono ha emitido en toda la historia, la cronología del informe comienza en 1859, cuando el físico irlandés John Tyndall demostró que gases como el CO2 “atrapaban el calor en la atmósfera”, sentando las bases del efecto invernadero.
En 1938, el ingeniero británico Guy Stewart Callendar presentó evidencias de que la temperatura global ya estaba aumentando como consecuencia de la quema de combustibles fósiles. Dos décadas después, el científico estadounidense Charles David Keeling comenzó a medir de forma sistemática la concentración de CO₂ en el Observatorio de Mauna Loa (Hawái), dando origen a la célebre Curva de Keeling, que mostraba un incremento continuo del dióxido de carbono en la atmósfera. En 2026, los datos del observatorio indican que el CO2 superó las 430 partes por millón (ppm), nuevo récord histórico.
Para mediados de siglo, las advertencias ya habían llegado a Washington. En 1965, el President's Science Advisory Committee, órgano asesor científico de la Casa Blanca, entregó al presidente Lyndon Johnson un informe que alertaba de que la quema continuada de combustibles fósiles estaba alterando la composición de la atmósfera y podría provocar un calentamiento global con cambios de gran alcance en el clima.
En Reino Unido, uno de los países con mayor tradición en investigación atmosférica, científicos del Met Office y de universidades británicas participaron desde los años 60 en estudios internacionales sobre el aumento del CO2.
El informe también sitúa a Canadá, Noruega, Australia e Italia entre los países que disponían de información suficiente para comprender la magnitud del problema décadas antes de la adopción de los grandes acuerdos climáticos internacionales.
Durante mucho tiempo, el cambio climático fue considerado principalmente un problema ambiental. Sin embargo, la intensificación de sus consecuencias transformó el debate. El aumento de temperaturas, los incendios forestales extremos, las sequías prolongadas, las inundaciones históricas y el avance del nivel del mar comenzaron a afectar directamente a millones de personas.
Ante esta situación, distintos países y organizaciones comenzaron a llevar sus reclamos a tribunales nacionales e internacionales. El argumento central es que los Estados tienen obligaciones legales relacionadas con la protección del ambiente y los derechos humanos.
La discusión ya no es solamente científica. Ahora se analiza si la falta de acción frente a una amenaza conocida puede generar responsabilidad jurídica. La ciencia anticipó el problema mucho antes de la crisis actual.
Durante más de un siglo, algunas economías basaron gran parte de su crecimiento industrial en carbón, petróleo y gas. Ese desarrollo permitió una enorme expansión económica, pero también generó una acumulación histórica de gases contaminantes en la atmósfera.
La justicia climática sostiene que quienes más contribuyeron al problema deberían tener una mayor responsabilidad en la solución. Este principio plantea que no todos los países enfrentan la crisis desde la misma posición.
Mientras algunas naciones tienen mayores recursos económicos y tecnológicos para adaptarse, otras enfrentan impactos graves pese a haber generado una pequeña parte de las emisiones globales.
Por eso, los reclamos incluyen:
- Financiamiento para adaptación climática.
- Ayuda tecnológica.
- Protección de comunidades vulnerables.
- Reducción acelerada de emisiones.
- Compensación por pérdidas y daños.
Muchos de los países que impulsan estos reclamos tienen una característica común: son altamente vulnerables al cambio climático, pequeñosEstados insulares enfrentan una amenaza directa por el aumento del nivel del mar. Comunidades agrícolas sufren alteraciones en las lluvias y pérdidas de producción, regiones costeras enfrentan tormentas más intensas y erosión. Para estos territorios, el cambio climático no representa únicamente un desafío ambiental. Es una amenaza para su economía, su territorio y su futuro.
Durante años, los acuerdos climáticos internacionales estuvieron basados principalmente en compromisos voluntarios. Sin embargo, los nuevos procesos judiciales buscan establecer que proteger el clima puede ser una obligación legal.
La discusión también tiene consecuencias económicas. Las empresas y gobiernos enfrentan una transformación hacia modelos de producción con menores emisiones. Sectores como energía, transporte, industria y agricultura están atravesando cambios profundos.
La gran pregunta ya no es solamente cómo evitar un mayor calentamiento global. También sobre quién debe responder. La justicia plantea un desafío histórico, encontrar un equilibrio entre desarrollo, responsabilidad y protección del planeta.
Porque el cambio climático no solo habla del futuro de la Tierra, sino sobre las decisiones que la humanidad tomó en el pasado.
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