El gobierno sueco firmó un acuerdo para trasladar 600 detenidos a una cárcel al este del país báltico. La medida, impulsada por el endurecimiento penal y el crecimiento de la violencia genera críticas por el posible deterioro de los derechos de los reclusos.
Suecia enviará a sus prisioneros a una cárcel fuera del país como solución para hacer frente al estado de colapso en el que se encuentra su sistema penitenciario. La medida ha sido criticada tanto por organizaciones por los derechos humanos como por los sindicatos, que temen la pérdida de derechos de los encarcelados y de un cambio en el sistema de políticas penitenciarias, alejándose del objetivo de rehabilitar a los presos.
El Gobierno de Suecia ya llegó a un acuerdo con Estonia para alquilar 600 plazas en una prisión al este del país báltico. Los prisioneros trasladados serán mayores de 18 años de nacionalidad sueca o extranjera, y la condición para poder ser deportados es que no hayan sido condenados por delitos que impliquen una amenaza para la seguridad nacional, como el terrorismo.
El Gobierno lo presenta como ahorro ya que asegura que pagará unos 8.500 euros al mes por cada recluso, mientras que el costo medio de mantener un preso en Suecia es de 11.500.
La situación límite que se vive en los centros penitenciarios ha empujado la decisión del Gobierno de externalizar las plazas de prisión al extranjero. La tasa media de ocupación en los centros penitenciarios es del 141%, lo que provoca tensiones y graves incidentes en algunos centros.
Entre las causas de esta sobrepoblación está el auge del crimen organizado y el endurecimiento de la legislación penal que está llevando a cabo el Gobierno del país nórdico para luchar contra la violencia de las pandillas. En 2023, los tribunales de Suecia dictaron condenas de prisión que sumaban entre todas las sentencias 200.000 meses, casi un 25% más que en el año anterior y el doble que hace 10 años.
Además, el Gobierno del primer ministro Ulf Kristersson, que recibe el apoyo de la formación de ultraderecha, Demócratas de Suecia, tiene previsto reducir la edad penal por delitos graves de los 15 a los 14 años como medida para acabar con el reclutamiento de adolescentes.
Con este plan de reformas jurídicas, los Servicios Penitenciarios predicen que en los próximos 10 años la población de reclusos en el país será de 35.000 personas, en comparación a las 6.000 que hay actualmente. El país también tiene previsto ampliar sus centros penitenciarios con 18.000 plazas extras que estarán disponibles en 2033, una reforma que aún se quedará corta según las propias predicciones de las autoridades penitenciarias.
Con el acuerdo firmado entre los gobiernos falta que la iniciativa sea aprobada en el Parlamento de Suecia por una mayoría de dos tercios. En la votación, el Gobierno de centro-derecha necesitará el apoyo del Partido Socialdemócrata, que representa la formación con más diputados en el Riksdag.
Para el Gobierno, el traslado de presos a Estonia es posible gracias a que la legislación penitenciaria entre los dos países de la Unión Europea es similar. También se ha acordado que el personal que gestionará la prisión de Tartu será estonio, aunque se ha especificado que podrá hablar inglés y los reclusos podrán acceder a traductores e intérpretes.
Quiénes sí que se han manifestado en contra de la medida son los sindicatos de los trabajadores de prisiones que, a la vez, dicen estar cansados de alertar sobre el empeoramiento de las condiciones laborales y el aumento del riesgo en su trabajo debido a la masificación de las cárceles.
Por otra parte, para la organización Civil Rights Defenders, se corre el riesgo de que “cuando una persona privada de libertad sea colocada fuera del país, quedará aún más aislada de su contexto”.
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