El presidente Javier Milei firmó el decreto de necesidad y urgencia que sella el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y busca sortear la resistencia opositora en el Congreso. El Gobierno apuesta a que la medida no sea bloqueada en Diputados y el Senado, donde se necesitaría una mayoría para frenarlo.
El texto del decreto establece que el acuerdo tendrá un plazo de diez años y estará destinado exclusivamente a cancelar Letras del Tesoro en poder del Banco Central.
La idea de que por la operación no habría un aumento del endeudamiento neto es correcta en el sentido más técnico posible. Implicará contraer deuda con un organismo internacional por deuda que, en última instancia, el Estado tiene consigo mismo. Esa deuda, papeles de colores, es mas parecida a un asiento contable entre, por ejemplo, una cuenta bancaria y una billetera virtual del mismo titular que a un verdadero endeudamiento .
Es importante señalar que un EFF es un programa del FMI con objetivos previamente definidos por el organismo. En la mayoría de los casos, su propósito es corregir desequilibrios en la balanza de pagos de los países. En esta ocasión, el principal objetivo, declarado por el Gobierno, es sanear el Banco Central mediante la cancelación de deudas del Tesoro Nacional con el BCRA y con el propio FMI.
El decreto no incluye detalles sobre el monto del respaldo financiero que el FMI otorgará a la Argentina, un dato clave que los mercados esperan con atención. Desde el Gobierno justifican la decisión de avanzar por decreto y no mediante un proyecto de ley, bajo el argumento de que la urgencia de la situación económica exige una respuesta inmediata.
El DNU deberá pasar por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene la facultad de dictaminar sobre su validez. Sin embargo, para que el decreto quede sin efecto, tanto Diputados como el Senado deberían rechazarlo expresamente.
La medida colisiona con la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, sancionada en 2021 a instancias del entonces ministro Martín Guzmán. Esa normativa obliga al Gobierno a contar con el aval del Congreso para firmar acuerdos con el FMI o emitir deuda pública.
Es importante recordar que, en 2022 Argentina recibió un préstamo de u$s44.000 millones bajo un Programa de Facilidades Extendidas, del cual usó u$s41.000 millones. Ese capital deberá pagarse entre 2026 y 2034. Durante el mandato de Javier Milei, el Gobierno enfrentaba pagos por u$s12.000 millones en capital y u$s9.000 en intereses. En este contexto, pese a que estos detalles se omiten en el nuevo programa, el acuerdo sería mejor de lo esperado.
El Banco Central sin embargo, deberá usar el dinero en la defensa del valor del peso frente a las presiones devaluatorias derivadas de los evidentes problemas de apreciación cambiaria, la especulación sobre el año electoral y el cada vez más difícil panorama externo.
La situación financiera es sumamente precaria y la coyuntura global es una amenaza. Ayer, en un día oscuro para los mercados mundiales, las cotizaciones de los activos argentinos sufrieron particularmente y tuvieron caídas superiores a los de otros países. La mayor sensibilidad de la economía argentina a cualquier shock exógeno es un correlato de la fragilidad de su programa de estabilización tanto a nivel financiero como monetario, algo que espera atenuar con la nueva asistencia del Fondo.
Las caídas de la bolsa norteamericana son el producto de una pérdida del entusiasmo inicial que los grandes sectores empresariales mostraron por Trump. Antes del lunes, los mercados de acciones ya estaban en los mismos valores que se encontraban el día de la elección y ayer se ubicaron por debajo.
De confirmarse la tendencia, podría haber en el corto plazo una convergencia entre una recesión y un proceso inflacionario en los Estados Unidos, que impactaría sobre los emergentes.
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