Los derechos de las mujeres en Argentina viven un retroceso desde que se originó el movimiento 'Ni Una Menos' y dio lugar a la cuarta ola del feminismo.
“Vivimos el mayor retroceso de derechos, la destrucción es tan grande que es difícil solamente focalizar en el género porque los derechos de las mujeres tienen que ver con la salud, la educación, el trabajo y todo está peor”, afirmó a EFE Lucía Cavallero, portavoz de 'Ni Una Menos' en Argentina.
Con el cierre de la Subsecretaria de Protección contra la Violencia de Género, a la que se había sido reducido en junio de 2024 el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, por primera vez en 37 años, el Estado argentino no tiene un organismo nacional especializado en la promoción de los derechos de las mujeres.
Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina, dijo que “hay un retroceso institucional de casi 40 años que priva a miles de mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad de sus derechos resguardados y garantizados”.
Cada 30 horas en Argentina hay un feminicidio, término que el Gobierno de Milei anunció que va a eliminar del Código Penal.
El mismo es un agravante que permite registrar estos crímenes y diseñar políticas integrales para dar respuesta a esta problemática.
El Gobierno tiene una narrativa que afirma que la violencia no tiene género y disputa un término que “ha sido construido hace años a través de estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El programa 'AcompañAr', que otorga ayuda económica a víctimas, fue reducido en un 98,63% en el primer trimestre de 2024 (con 434 mujeres atendidas) frente al mismo periodo de 2023 (cuando 34.023 personas recibieron la ayuda).
La línea 144, de asistencia en casos de violencia de género, tuvo una reducción presupuestaria del 28% en el primer semestre de 2024 y despidieron al 42% de su personal el año pasado.
Se desarmó también el Programa Acercar Derechos (PAD), que ayuda a acceder a la justicia y da acompañamiento psicológico, y se dejó de implementar la Ley Micaela, que establece capacitación obligatoria en género para los trabajadores estatales.
A más de cuatro años de la sanción de la ley del aborto,, hoy este derecho es una quimera en distintas zonas del país. El último informe del Proyecto Mirar, que monitorea la implementación de esta ley, revela que en 2023 se entregaron 106.737 medicamentos para la interrupción voluntaria del embarazo y en 2024 no hubo entregas.
Desde Amnistía aseguraron que esto “demuestra que hay una intencionalidad del Gobierno de no garantizar el acceso de las mujeres a la salud”.
El gasto del presupuesto nacional destinado a salud sexual y reproductiva en 2024 es el más bajo de los últimos nueve años y en varios distritos denuncian la falta de métodos anticonceptivos.
Los movimientos de mujeres y LGTBIQ+ argentinos señalan que hay una exacerbación de los discursos de odio desde el gobierno. “Cuando se usan los cargos máximos del Estado para promover el odio quedamos en una situación de desigualdad porque se desinhibe una violencia social por abajo”.
Entre los reclamos principales a nivel local, aparece el fin de la moratoria que pone en peligro la jubilación de la mayor parte de las mujeres en edad de hacer el trámite.
Según un informe del CELS, la brecha de ingresos de ocupación principal entre varones y mujeres es la más alta de los últimos seis años para el tercer trimestre del año pasado: pasó del 21 al 26,3% en un año.
Un cuarto de los gobiernos del mundo informó retrocesos en los derechos de las mujeres en 2024, según un informe de la ONU.
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