El infierno en Córdoba

Ya son más de 17.000 las hectáreas quemadas por los incendios en Córdoba, según un informe de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales basado en imágenes satelitales.

Hasta el momento, 21 casas fueron alcanzadas por el fuego, algunas de las localidades afectadas cancelaron hoy las clases y más de 400 turistas fueron evacuados del Cerro Champaquí.

Hay dos detenidos, considerados supuestos responsables del inicio de las llamas. El Gobierno provincial se va a presentar como querellante en las causas por incendios. Nación envió un camión, dos helicópteros y un avión hidrante. La provincia de Buenos Aires y Santiago del Estado también mandaron recursos.

La situación es alarmante y los vecinos, aquellos que ven como sus casas son destruídas por las llamas y los que ven como el fuego se acerca incontenible a las suyas, piden la intervención del Gobierno para que se declare emergencia nacional.

Llueven viejos cuestionamientos que advierten sobre las consecuencias del avance de la frontera urbana, con megaproyectos inmobiliarios, sobre reservas de bosque autóctono.

Como referencia que, de 12 millones de hectáreas de superficie cubierta con vegetación nativa que poseía la provincia a principios del siglo 20, hoy quedan unas 500 mil hectáreas.

Desde hace más de una década  el sector agropecuario se consolidó como la actividad de mayor incidencia en Cordoba, superando a la industria manufacturera y al comercio. Las actividades que experimentaron mayor crecimiento, casualmente son la agricultura y las actividades inmobiliarias. Esa conjunción conlleva un impacto sobre el ambiente, sobre todo en el uso del suelo.

La pérdida del bosque se explica por la convergencia de razones variadas: el corrimiento de la frontera agropecuaria, con deforestación de zonas que antes se destinaban con otros objetivos productivos  y crecimiento urbano, con una expansión de uso residencial del suelo.

Según diversos estudios, la gran mayoría de los incendios se ocasionan por actividad humana, sea intencional, accidental o negligente.

Sospechas de fuegos intencionales acompañan el incremento de desarrollos inmobiliarios en zonas serranas. En departamentos como Punilla, Colón o Calamuchita, de enorme crecimiento demográfico, denuncian el florecimiento de proyectos urbanísticos en tierras asoladas por incendios. Según las sospechas, las llamas logran eliminar vegetaciones como primer paso para el cambio de un restrictivo uso de suelo.

El gobernador ratificó su compromiso con la cuestión: por primera vez la provincia cuenta con un Ministerio de Ambiente.

Desde esta cartera afirman que  no hay cambio de uso del suelo, aunque haya incendios. Si una zona de alta protección es incendiada, eso no significa que automáticamente se cambie su categoría de conservación. Apuntan a los municipios  por incumplimientos en las normativas. Particularmente por aprobaciones de urbanizaciones en zonas prohibidas, en uso de sus autonomías para ordenar usos de suelos.

Por otra parte, la falta de regularización de ejidos en zonas del Gran Córdoba.

Los incendios de los primeros días de septiembre consumieron casi 25 mil hectáreas. La cifra equivale a la mitad de lo que las llamas devoraron en 2023, lejos aún de los registros del 2020, año en que el fuego devoró 340 mil hectáreas.

El principal foco de este invierno tuvo lugar en Yacanto de Calamuchita, una región que ha recibido a miles de nuevos vecinos y que concentra buena parte de la actividad turística.

En la temporada de verano 2023/2024 más de cinco millones de personas visitaron la provincia. Los valles de Punilla, Calamuchita y Traslasierra nuclearon aproximadamente un 75% de la actividad turística. En todos ellos, con la conectividad como argumento, se han desarrollado obras viales de gran impacto ambiental.

Otros dos focos ocurrieron en el Gran Córdoba. Uno a la vera de la ruta 20, que conecta la capital con Villa Carlos Paz. El otro en la Reserva Natural de la Defensa, en zonas pertenecientes al Tercer Cuerpo de Ejército. Desde allí se dirigieron a La Calera, que triplicó habitantes por los barrios cerrados.

Desde el Gobierno afirman que ha elevado de 1500 a 5000 millones de pesos el Fondo Permanente para Situaciones de Desastre.

Esta como las demás  administraciones, no tienen suficiente la preparación para afrontar las consecuencias del cambio climático. En menos de 20 años, los focos arrasaron una superficie equivalente a 12 ciudades de la provincia. Eso no se recupera. Cuando baje el humo se deberá debatir.