Ambientalistas temen la extranjerización de tierras y la venta de recursos naturales en Argentina

Acuíferos, humedales, montañas y ecosistemas que cumplen un rol esencial para el desarrollo de la vida podrían ser rematados. Así lo autoriza el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado en diciembre pasado que derogó la ley de Tierras,, que establecía límites al territorio que puede estar en manos extranjeras. Ambientalistas temen un proceso de extranjerización y entrega de soberanía en zonas con presencia de agua dulce, litio y otros minerales.

La ley de Tierras fue aprobada por el Congreso con amplia mayoría en 2011. Impulsada por el Gobierno de Cristina, contó con respaldo de toda la oposición. La legislación buscaba garantizar la protección del dominio nacional de las tierras rurales para preservar recursos no renovables. Con ese objetivo, determinó que no podría haber más de un 15% de las tierras en manos de extranjeros, ya sea personas físicas o jurídicas. De ese porcentaje, un mismo titular extranjero no podía tener más del 30%. Tampoco podían tener más de 1.000 hectáreas en la zona agrícola de mayor valor productivo. Además, debían inscribirse en un registro oficial.

El núcleo de la ley es la prohibición de venta a ciudadanos o empresas extranjeras de terrenos que se encuentren en zonas de frontera o que contengan y/o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, como ríos, lagos, arroyos, mar, humedales, lagunas, esteros, glaciares o acuíferos.

Los casos paradigmáticos fueron los 90 con la familia italiana Benetton, que concentra cerca de 900.000 hectáreas en la Patagonia, en las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén. El mayor terrateniente de la Argentina es un grupo textil extranjero. Otro es el magnate británico Joe Lewis, que a través de la sociedad Hidden Lake acapara desde mediados de la década de 1990 alrededor de 14.000 hectáreas de Lago Escondido, Río Negro, y bloquea el acceso libre al agua, a pesar de sucesivas órdenes judiciales que le ordenaron abrir un camino público.

Cobra relevancia un debate instalado hace años en el ambientalismo: cómo debe ser la explotación de recursos naturales en un país con una crisis económica de proporciones. No discutimos si hay que explorar reservas de litio, la pregunta es si la extracción será soberana, con valor agregado y generación de empleo o si se lo llevará Elon Musk, es el planteo.

Al rechazo de ambientalistas, se suma la presentación de un grupo de veteranos de la guerra de Malvinas pertenecientes al Centro de Excombatientes (Cecim-La Plata) que han acudido a la Justicia para frenar la derogación bajo el argumento de que “pone en crisis principios de integridad territorial y la soberanía nacional”. Aunque en una primera instancia el juez Ernesto Kreplak hizo lugar al amparo, días más tarde otro magistrado, Gustavo Recondo, anuló ese fallo y dejó firme este tramo de reformas. Ahora debe resolver la cuestión una instancia judicial superior.

El decreto publicado en diciembre se debate en bloque, no se pueden incluir modificaciones ni eliminar artículos, y, para que sea anulado, lo deben rechazar ambas cámaras del Congreso: la ley indica que en caso de que una de las dos lo convalide, tendrá fuerza de ley. El peronismo y otros bloques opositores confían en que el Senado se oponga por mayoría, aunque en la cámara de Diputados la discusión tiene final abierto.

Además, la derogación de la ley de Tierras se complementa con otras medidas que atentan contra las conquistas de derechos ambientales, como la modificación de la ley de Glaciareso los cambios en la ley de Bosques.

Los grandes capitales ya ni siquiera disimulan el interés en la región por sus recursos: América Latina concentra más del 30% de las reservas de agua dulce, pero también posee bosques y suelo cultivable.

En Argentina además se encuentra la segunda mayor reserva mundial de litio, mineral clave para la transición energética. El propio Milei hizo público en diciembre un diálogo que mantuvo con Elon Musk donde el propietario de Tesla se mostró “sumamente interesado en el litio”. “Necesitan un marco jurídico que respete los derechos de propiedad”, dijo entonces el presidente.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, hay 14,7 millones de hectáreas de suelo argentino en manos extranjeras, lo que representa el 5,23% de las tierras del país. Aunque, según datos oficiales de 2022, en más de 30 distritos del país se superaba el límite de 15% fijado por ley. En Bariloche, en el sur del país, supera el 21%.

Se trata de terrenos que despiertan un fuerte interés por su capacidad productiva para desarrollos mineros, forestales o ganaderos, y también para actividades turísticas e inmobiliarias.