Se espera el veredicto en el juicio más grande del norte argentino, nueve represores por 70 crímenes

Detenciones arbitrarias y torturas, constituyen una extensa lista de crímenes de lesa humanidad que se están juzgando en Corrientes y que busca comprobar la organización sistemática con la que operaban la VII Brigada de Infantería y el Área de Inteligencia 231 del Ejército Argentino en la ciudad de Corrientes entre 1975 y 1977. 

Este lunes a las 17 horas está previsto que el Tribunal Oral Federal de Corrientes de a conocer su veredicto para los nueve represores que están siendo juzgados por más de 70 causas en el juicio más amplio de la historia provincial.

El veredicto será seguido de cerca por las organizaciones de derechos humanos de la región que convocaron a una movilización en la ciudad de Corrientes. 

La fiscalía, a cargo de Flavio Ferrini, y el abogado querellante, Manuel Brest Enjuanes, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pidieron al tribunal que los nueve imputados, exintegrantes del Ejército y de la Gendarmería Nacional, sean condenados a penas de entre cuatro y 25 años de prisión por crímenes cometidos contra las víctimas en centros clandestinos de detención de la provincia.

La fiscalía también pidió tres medidas de reparación hacia las víctimas, sus familiares y que posibilitarían nuevas instancias de enjuiciamiento.  La primera medida solicitada fue que el tribunal requiera de manera formal a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que rectifique y entregue a familiares los legajos de docentes y estudiantes que fueron víctimas de los delitos investigados en este juicio. 

Luego, solicitó que toda la documental de la causa, una vez que llegue a instancia de sentencia firme, sea entregada al Espacio de Memoria del ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, donde funcionó un centro clandestino.  En tercer término, pidió que se exhorte a medios de prensa, cementerios y municipios de la zona a que brinden información sobre la aparición en el río Paraná, en febrero de 1977, de dos cuerpos atados con alambre a piedras. Este requerimiento se basa en un testimonio brindado por un sobreviviente durante el juicio, que podría permitir la identificación de personas que aún permanecen desaparecidas. 

A lo largo del juicio se buscó esclarecer las directivas secretas del gobierno de facto, y también del gobierno previo, para la división territorial argentina, recuperando la idea de que el país estaba dividido en cuatro zonas y estas a su vez en sub-zonas. Se apuntó contra los responsables de distintas fuerzas de las tareas realizadas en la sub-zona 23, que quedó bajo la responsabilidad de la Brigada de Infantería VII con asiento en la ciudad de Corrientes, pero con una jurisdicción mucho más amplia que incluía las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y los departamentos correntinos de Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.

Los testimonios de sobrevivientes, testigos ocasionales y familiares de las víctimas, que se sucedieron a lo largo de las distintas audiencias, indicaron con más o menos certeza las características de los operativos de secuestros que se realizaban por la madrugada en la calle o en domicilios particulares entre 1975 y 1977. Señalaron también los centros clandestinos del Regimiento 9 y el predio del Ejército en Santa Catalina, como lugares de tortura sistemática, junto a las instalaciones de la Brigada de Investigaciones y la Jefatura de Policía de Corrientes, en el corazón de la ciudad de Corrientes. 

Se buscó establecer que, quienes estaban al mando de estos operativos de secuestro y tortura, integraban un grupo de tareas conformado por oficiales de inteligencia del Ejército o de Gendarmería de civil, acompañados por personal uniformado de la Policía de Corrientes o del mismo Ejército. Esta colaboración interfuerzas es una de las claves del proceso que está llegando a su fin, indicaron a elDiarioAR. 

Este lunes, finalmente y luego de casi un mes de demoras, se espera conocer el veredicto del TOF integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Juan Manuel Iglesias, contra los imputados que llegaron al proceso. Este es, aún con las causas desestimadas, el juicio de lesa humanidad más grande del norte argentino. 

Este recorrido judicial tendrá hoy un capítulo de cierre, cualquiera sea el veredicto. Tanto los sobrevivientes como aquellos niños, hoy adultos, que vivieron sus primeros días como detenidos de la dictadura militar, fueron escuchados. Resta aún conocer si el plan sistemático del gobierno militar en la región del NEA, en su clave local, que fue explicitado durante los últimos meses en el TOF, adquiere la certidumbre de la verdad jurídica.