ILGA Mundo lanza una base de datos para documentar la situación legal en la que están millones de personas en los 193 Estados y la discriminación que sufren.
En los últimos 30 años, 49 de los 193 Estados de la ONU han descriminalizado las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. El matrimonio igualitario es ahora una realidad en 33 países miembro. Pero la situación sigue siendo extremadamente complicada para muchas personas LGTBI, y no es lo mismo formar parte del colectivo en un lugar que en otro. Seis países miembro de la ONU siguen penando con la muerte las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Son Brunéi, Mauritania, Irán, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen. En otros 5 (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar y Somalia) no existe plena seguridad jurídica.
Al igual que en Rusia, al menos otros 50 países mantienen serios impedimentos para que se ejerza la libertad de expresión cuando tiene que ver con cuestiones de diversidad sexual y de género. En 11 de ellos, por lo menos, hay leyes específicamente diseñadas para aplicar esas restricciones en la educación. En Marruecos, por ejemplo, donde los “actos lascivos o contra natura” son penados con prisión de seis meses a tres años, el gobierno ha retirado en varias ocasiones material didáctico que contenía frases como esta: “La igualdad implica que las personas sean tratadas por igual sin discriminación, independientemente de su etnia, orientación sexual o discapacidad”.
La base de datos incorpora información actualizada sobre las leyes (incluidas las decisiones judiciales, órdenes ejecutivas y proyectos de ley en preparación) que afectan a las personas del colectivo LGTBI en todos los países del mundo, dividas en 18 categorías jurídicas y más de 100 temas. La interfaz permite indagar en un mapamundi interactivo y también comparar países, puesto que cada estado tiene su propio perfil en el que es posible comprobar en qué posición se encuentra en cuanto a derechos LGTBI. Además, contiene una sección de noticias de última hora internacional relacionadas con el colectivo y permite también a los ciudadanos encontrar información sobre tratados internacionales y supervisar los plazos de las normativas de todos los órganos de derechos humanos de la ONU, estando al tanto de qué países avanzan y cuáles retroceden.
Al menos 55 países presentan barreras legales para que las organizaciones que defienden abiertamente los derechos de las personas puedan registrarse y funcionar de manera normal. “Las organizaciones suelen contar con escasos recursos para mantenerse al día de los desarrollos mundiales, o para encontrar información que puedan utilizar en su activismo o campañas. Esta base de datos es una poderosa fuente de información en sus manos”, explica Julia Ehrt, directora ejecutiva de la asociación. Para ello, la plataforma sistematiza 4.300 fuentes legales y más de 7.000 referencias de mecanismos de Naciones Unidas. “El acceso a los datos sobre las poblaciones LGBTIQ+ históricamente excluidas, no contabilizadas y no representadas, siempre ha sido difícil”, prosigue Lucas Ramón Mendos, coordinador de investigación de la institución.
La realidad es que ya 20 países permiten el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación. En 58 países miembros de la ONU existen leyes que protegen a las personas de los delitos de odio por motivos de orientación sexual, aunque sólo 37 lo hacen en función de la identidad de género.
La ley trans también prohibió las terapias de conversión y las tipificó como “infracción muy grave”. Según los datos de la plataforma Ilga Mundo, solo unos 10 países más, todos miembros de la ONU, restringen este tipo de terapias a nivel nacional. Siete lo regulan de manera indirecta y seis tiene prohibiciones dependiendo de la región, como es el caso de Estados Unidos, con 23 estados de 51 con normas vigentes para estos procesos, lo que supone la protección de un 45% de la población total del país.
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