Sólo un 13% de la población cree que el Poder Judicial es independiente

Desde hace al menos una década, la relación entre el Poder Judicial y la política se empezó a volver un tema privilegiado de discusión mediática e institucional. Se hizo habitual que conflictos como los de las últimas semanas (el fallo por la coparticipación, la condena a CFK, el affaire Lago Escondido, entre otros) capten la agenda pública y se conviertan en ejes ordenadores fundamentales de los vínculos entre el oficialismo y la oposición.

Pero, ¿en qué medida este problema se ha transformado también en un asunto de preocupación social? En general intuimos que para la mayor parte de la sociedad es una cuestión menor, tecnicista, o lejana respecto de la gran importancia que tiene para el sistema político (acaso Cristina Kirchner, que hace meses le pide a la ciudadanía que se “despabile”.

A partir de una asociación entre la Escuela IDAES, el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos y el Programa PASCAL -todos pertenecientes a la Universidad Nacional de San Martín-, se realizó una encuesta a 840 residentes del AMBA con el fin de indagar en interrogantes como: ¿en qué medida asistimos a una crisis de legitimidad del Poder Judicial? ¿Cuáles son las distintas formas en que se piensa la relación entre política y justicia, y cuánto explica la polarización que las personas asuman ciertos tipos de mirada? Y por último, ¿vislumbra la sociedad algún tipo de salida?

Una de las preguntas a los participantes fue su nivel de acuerdo con una reforma que vuelva a la justicia más “transparente y democrática”. Para nuestra sorpresa, la aceptación resultó mayoritaria: un 57,8% se muestra de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que un 28,8% se pronuncia en desacuerdo o muy en desacuerdo. Además -y llamativamente-, apenas un 4,6% se declara indiferente y sólo un 8,8% opta por no contestar. Por lo tanto, estamos ante un asunto que conduce a la toma de posición más que a la desaprensión.

A partir de estos datos, nos propusimos observar cómo varía el apoyo a una reforma según el nivel de confianza en el Poder Judicial. Las personas que más confían tienden a ser las que menos interés tienen en una reforma (41,5%), mientras que las que menos confían son las que más avalan esta idea (69,2%). Se trata de resultados probablemente esperables, que sin embargo constatan que la desconfianza en la justicia está asociada con un interés en transformarla, y viceversa.

Ahora bien, al analizar las posiciones ante una posible reforma en relación con la intención de voto para las próximas elecciones nos encontramos con datos sorpresivos. Sumando los distintos grados de acuerdo, los votantes del Frente de Todos avalarían este tipo de iniciativa en un 79,2%; los simpatizantes de Juntos por el Cambio en un 42,7%; y los adherentes a los libertarios en un 55,9%. 

Más que la muy elevada aceptación de esta iniciativa por parte de los oficialistas, resulta notorio el nivel alto de acuerdo por parte de los votantes de las principales vertientes opositoras. Aun si es probable que el significado que se le atribuye a esta hipotética reforma no sea igual para todas las personas encuestadas, queda en evidencia que una porción importante de la población considera que algo puede o debe hacerse con la justicia. En otras palabras, podría afirmarse que es falso que entre los opositores prime rotundamente la idea de que “la justicia no se toca”.