Aniquilados

12 de octubre de 2022
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Si prestamos atención a las palabras del presidente de los Estados Unidos, la aniquilación nuclear está más cerca de lo que estuvo en ningún momento de los últimos 50 años. En algún sentido, es una buena noticia: el fin del mundo podría volver menos importantes las disfunciones que caracterizan las diferencias dentro de la coalición del gobierno en Argentina.

Los primeros dos meses de gestión de Massa fueron marcados por logros que, sin embargo, parecen enfrentar un techo en relación a sus chances de acrecentarse con medidas sencillas que no impliquen cambios profundos en el rumbo económico. Son prácticamente nulas las posibilidades de encarar la inflación y cuestiones que hoy orbitan a su alrededor como los salarios, la pobreza y la indigencia. El ministro impuso un sendero de corrección de tarifas y contención del gasto más agresivo que el concebido por Martín Guzmán, logró incrementar las reservas netas a partir del dólar soja, sostuvo un aumento del ritmo de depreciación nominal del peso -en línea con la inflación- y consiguió la aprobación del Fondo Monetario Internacional para la última revisión de las cuentas argentinas. El escenario supone un puente hacia 2023 que, por la naturaleza del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sería inflacionario y debería mantener tanto el gasto público como los salarios como ancla frente a una inflación que, dada la inercia, la evolución del tipo de cambio y el ajuste de las tarifas necesario para reducir subsidios rondaría el 150%. Este programa, que permitiría llegar al año próximo con las variables macroeconómicas relativamente viables y que el próximo gobierno pueda efectuar las correcciones con una mejor situación de precios relativos significaría una pérdida adicional de ocho puntos en el salario real, lo que lo ubicaría quince puntos por debajo del pésimo punto de partida que Alberto encontró al asumir en 2019. Un sin sentido político de corto plazo cuyo mayor mérito sería evitar una crisis terminal.

El segundo escenario, supone en cambio utilizar como ancla al tipo de cambio, como ya sucedió en 2015, 2017 y 2021, incrementar el gasto en infraestructura, regresar a tasas de interés reales fuertemente negativas y echarle nafta a las paritarias. Un escenario así enfrentaría complejidades: este esfuerzo de gasto, fuertemente deficitario, debería ser financiado por un Banco Central sin dólares para enfrentar el atraso cambiario derivado de usar un ancla cambiaria ni las mayores importaciones que siempre demandan los escenarios de crecimiento. En 2023 esa situación aparece casi imposible, incluso sin atender a las limitaciones que presenta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los regímenes de alta inflación, como el actual, tienen entre sus características la pérdida de efectividad de las paritarias como herramienta para proteger el salario real, que se puede reducir o -en el mejor de los casos- estancar, más allá de los cambios de la distribución entre formales e informales o sindicatos más fuertes y más débiles, sin afectar la dinámica de la relación entre salarios y ganancias.

El último escenario, al que asigna mayor posibilidad de expresar la voluntad política del ministro, supone intentar llegar con posibilidades electorales a partir de un plan de estabilización. Esto requiere un programa que debería frenar la indexación de la economía y que requeriría de una nueva negociación con el Fondo Monetario Internacional, ya que el programa vigente tiene rasgos claramente inflacionarios.

Las experiencias de los planes Austral y Primavera, aplicados durante el alfonsinismo, o del plan Cruzado brasileño, recuerdan que, además, las fallas en estos planes son frecuentes y suponen en general el ingreso en etapas de crisis más profundas. Aún con estos riesgos, un plan de estabilización es la carta más seria del gobierno para, por una parte, evitar un desmadre económico irreversible y, por otra, evitar uno político que conduzca a una derrota inevitable. El camino es estrecho y parece requerir de una coalición compacta y consolidada.

El año próximo para el gobierno podría mejorar o empeorar por factores que no controla. El clima y Brasil. La posible sequía podría limitar el valor de las exportaciones del principal sector del país, aún cuando esa pérdida fuera parcialmente atenuada por el efecto de los precios derivados de la guerra. En Brasil, la victoria legislativa del bolsonarismo y la pauta bomba del gasto público que Bolsonaro hizo aprobar para impulsar sus chances electorales durante el último semestre del año podrían significar un ajuste en el próximo, aún cuando la victoria electoral quedara en manos de Lula.

A esta altura, el oficialismo encuentra una carencia total de liderazgo -que anula cualquier acierto de gestión-, hay un fracaso económico -por no poder contener la inflación- y un abandono de búsqueda de cambio por parte de todos los actores de la coalición. Si a Alberto le cabe la mayor responsabilidad, nadie, incluyendo a Cristina, pudo encontrar una manera de cambiar esta situación a no ser por un persistente y cada vez menos eficiente lamento en público sin alternativas virtuosas sobre la mesa. En el oficialismo, cualquier intento de moverse en una dirección es inmediatamente contrabalanceado con un movimiento adverso de otra parte de la coalición. El resultado de ese empate catastrófico es que la coalición no sabe quién es, para qué está y, por lo tanto, no logra moverse para ningún lado.

Toda esta secuencia, donde los debates del sistema político aparecen lejos de la diaria de una sociedad cada vez con menos resto, es compleja porque, de existir, el 2001 no está atrás sino adelante.

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