Uruguay aprobará este miércoles el proyecto de ley que despenaliza la eutanasia y se convertirá en el primer país en América Latina en legalizar este proceso.
En 2025 el tablero político cambió y el regreso al gobierno del Frente Amplio dio fuerzas al actual proyecto denominado Muerte Digna, que obtuvo media sanción en agosto pasado en la Cámara Baja, por 64 votos a favor y 29 en contra.
De acuerdo con el actual proyecto de ley, podrá acogerse a este derecho toda persona uruguaya, que sea mayor de edad y “psíquicamente apta”, que esté cursando “la etapa terminal de una patología incurable e irreversible”, o que como consecuencia de esa enfermedad “padezca sufrimientos que le resulten insoportables” y atraviese un “grave y progresivo deterioro de su calidad de vida”.
“Es un proyecto potente, profundo y sensato”, define el diputado del FA Federico Preve, médico neurólogo y uno de los principales impulsores de esta propuesta. Tiene un grado de “potencia” al habilitar “un derecho humano a morir con dignidad”, es “profundo” porque aborda “la mayor cantidad de circunstancias vitales adversas” y también es “sensato”, dado que sus definiciones y garantías se basan en legislaciones de eutanasia que tienen más de 20 años.
El paciente que solicite la prestación deberá hacerlo por escrito y en persona ante el médico tratante, quien tendrá que informar sobre los tratamientos disponibles y evaluará si se cumplen las condiciones, en un máximo de tres días,se requerirá la opinión coincidente de un segundo médico independiente (en cinco días) o de una Junta Médica si hubiera desacuerdo (en cinco días).
En una segunda entrevista, el paciente podrá expresar su última voluntad “siempre revocable”, por escrito ante dos testigos, y el médico “procederá a cumplirla cuándo y dónde el solicitante lo decida”. Todos los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud deberán poner a disposición “los servicios necesarios para el ejercicio de este derecho regulado”.
Florencia Salgueiro, desde 2021 es uno de los rostros más conocidos entre quienes defienden la legalización de la eutanasia en Uruguay. Ese año juntó su voluntad con la de otros uruguayos que, sin distinción partidaria, estaban a favor de la aprobación de esta ley. Así nació el grupo Empatía, con una motivación principal: “Que se escuchen las voces de los pacientes o de los familiares”, explica.
Beatriz Gelós, de 71 años, escuchó a Florencia en un programa de radio y se puso en contacto con ella. En su caso, todo empezó en 2006. “El médico me dijo que era estrés, que me fuera a descansar a Isla Margarita”, recuerda. En 2008 ya no podía alcanzar el escalón del micro que la llevaba a dar clases a institutos de secundaria y a cárceles. Se trataba de ELA.
“Prepárese para lo peor”, le advirtió un neurólogo a su marido, “más allá de 2010 no va a vivir”. Gelós cuenta el pronóstico en la residencia para mayores donde vive en Montevideo. “La enfermedad me tiene a mí, cada día será más difícil que el anterior”, dice. Necesita atención durante todo el día: no puede caminar, sus manos no consiguen sujetar un vaso con agua, la respiración, frágil y agitada, redujo su voz a un susurro casi imperceptible.
“Lucho por el derecho de todos a elegir individualmente”, afirma sobre su apoyo al proyecto de ley. “Quiero tener la tranquilidad que me da la ley de muerte digna. Por favor: más sufrimiento, no. No puedo más”.
Este miércoles, Uruguay podría convertirse en el primer país en regular la eutanasia por la vía legislativa en América Latina, diferenciándose de Colombia y Ecuador, países que despenalizaron esta práctica mediante fallos de la Corte Constitucional.
El 62% de los uruguayos está a favor de que eso ocurra, según una encuesta de Cifra difundida en mayo de este año, mientras que un 24% está en desacuerdo.
Preve hace hincapié en que este proyecto cambia el eje de “la decisión” y da autonomía a la persona como “dueña de su vida”. “Si bien precisa de la anuencia de la ciencia médica”, apunta, “el poder pasa a la órbita del paciente”.
En la vereda contraria se encuentran las personas y organizaciones del colectivo Prudencia Uruguay. En una carta abierta, advierten que el proyecto de eutanasia “discrimina a los más vulnerables, es confuso y no da garantías”. Critican que no haya evaluaciones previas de psiquiatras, psicólogos o trabajadores sociales, y que solo se deba “informar” de los cuidados paliativos, sin garantizar un “acceso real” a ellos.
De ser aprobado el proyecto, el Poder Ejecutivo tendrá que reglamentar la ley en un plazo de seis meses.
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