La situación es generada por la prórroga del presupuesto 2023 que decidió el presidente Javier Milei y que pone en riesgo, por falta de fondos, el funcionamiento de las instituciones de educación superior a partir del próximo cuatrimestre. Según un informe elaborado por la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la ejecución de partidas en los primeros tres meses del año tuvieron una reducción del 34% frente al mismo período de 2023.

La Asociación Civil analizó, utilizando los datos surgidos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, las partidas universitarias desde 1997 hasta el primer trimestre de este año y llegó a la conclusión que sin una ampliación, los montos actuales para la financiación de la educación superior nacional serían los más bajos en 27 años.

Esta situación provocó que la comunidad educativa y gremial de las universidades decidieran llevar a cabo el próximo 23 de abril una “gran marcha” de protesta a la Plaza de Mayo, una medida de acción que tendrá el respaldo de la CGT. “Porque la verdadera libertad está en la educación”, expresaron en la convocatoria hecha pública el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las casas de altos estudios.

El presupuesto de toda la Administración Pública Nacional para 2024 es una prórroga del de 2023, ya que el Congreso no aprobó el proyecto de presupuesto enviado por el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos). Según el presupuesto prorrogado, el crédito inicial para el programa “Desarrollo de la Educación Superior” (es decir, los fondos para las universidades nacionales) era de $ 1.385.289 millones. Este monto es prácticamente idéntico al ejecutado en 2023, en un contexto de alta inflación.

Sin embargo, el presupuesto de la educación universitaria ya sufrió modificaciones en lo que va del 2024. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), para mediados de marzo el presupuesto vigente era de $ 1.364.763 millones, es decir, un monto menor al inicial.

El 27 de marzo, el Gobierno nacional dictó un decreto de necesidad y urgencia(DNU) en el que volvió a modificar el presupuesto. El informe de la ASAP, al analizar las modificaciones presupuestarias del DNU, señaló que el programa “Desarrollo de la Educación Superior”, entre otras partidas, recibía un incremento de $ 10.938 millones en concepto de “transferencias al sector privado”, compensado totalmente, junto a los otros aumentos, por una reducción en transferencias a provincias por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

Y agregó que “adicionalmente se incluye un aumento de $ 40.000 millones para el programa ‘Desarrollo de la Educación Superior’ vía Transferencias a Universidades”. Es decir que el incremento del presupuesto universitario a partir del DNU fue de $ 50.938 millones. Con las modificaciones introducidas, el presupuesto vigente para el programa “Desarrollo de la Educación Superior” es de $ 1.415.918 millones, lo que representa un incremento del 2,2% nominal contra el presupuesto inicial de 2024, que es una prórroga del de 2023.

ACIJ detalló que durante el primer trimestre de 2024, la Nación ejecutó un 30% menos del gasto total en términos reales en comparación con el mismo lapso de 2023. Pero, indicó, la reducción en las políticas universitarias fue todavía más amplia, porque alcanzó el 34,4%.

“Dentro de las partidas que conforman las políticas universitarias, la más importante, ‘Desarrollo de la Educación Superior’, experimentó una disminución del 32,9%. Lo ejecutado en becas Progresar sufrió una caída del 46,9%, y lo destinado a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria disminuyó un 18,4%”, explicó el informe de ACIJ.

Acerca del presupuesto destinado a la educación de los estudiantes, el documento de la ONG resaltó que este año, por primera vez desde 2000, se registrará una reducción en los fondos, estimada en 72%, el más bajo de toda la serie relevada desde comienzos de este siglo.

“Se estima que este año se destinarán aproximadamente $690.000 por persona, lo que representa una reducción del 72% con respecto al año anterior y un 82% menos que en 2013, cuando se alcanzó el máximo nivel de gasto por estudiante”, mencionó ACIJ.

En tanto, el financiamiento destinado al funcionamiento universitario se redujo en casi un 60% en comparación con 2023. Las transferencias a los hospitales universitarios padecieron una caída del 72%, mientras que el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, como también los institutos tecnológicos de formación profesional y proyectos especiales, no recibieron asignación alguna.

Las universidades públicas cordobesas comenzaron a plantear al Gobierno provincial alguna medida desde su empresa de energía Epec para atenuar el costo de la tarifa eléctrica que registró un enorme salto luego de la quita de subsidios decidida por el Gobierno nacional.

Asi lo hicieron ya desde Villa María, por ejemplo, la Universidad Nacional (UNVM) y la facultad regional de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de esa ciudad. Antes, había iniciado conversaciones ya la Universidad Nacional de Córdoba. En la universidad nacional villamariense, de más de 10 mil alumnos, se pasó a una factura de 7 millones de pesos por el consumo de diciembre a una de 20 millones por el de enero. “Y esos 20 millones son por el mes en que estuvo cerrada la universidad”, señalaron desde el rectorado.

Según sus cálculos, esa cifra ya representa el 66% de todo el presupuesto hasta ahora asignado para todos los gastos de funcionamiento, de $ 32 millones mensuales.

En tanto, la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), con unos 20 mil alumnos, recibió la última factura de luz por 33 millones de pesos, cifra que triplica el costo del mes anterior. También allí se mencionó la enorme dificultad para hacerle frente, en el marco del ajuste presupuestario que en paralelo dispuso este año el Gobierno nacional.

 
Desde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) se indicó que en febrero se tuvo que pagar $ 200 millones en consumo de energía, cifra que representa un fuerte impacto en su presupuesto de funcionamiento.

En las últimas horas se sumaron las tres sedes regionales en Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional (Capital, San Francisco y Villa María). En la Facultad Regional San Francisco de la UTN graficaron similar impacto para su finanzas: debieron abonar por la última factura de energía 4,2 millones. Se trata de dos millones y medio más que lo abonado apenas el mes pasado, cuando les llegó una boleta por 1,7 millones.

Durante todo el año 2023 el costo de energía en la UTN San Francisco fue de $ 9 millones. En 2024, en solo tres meses, ese costo ya supera los 6 millones.

Del último informe de Zuban, la defensa a la educación pública es un valor de gran consenso social. El ataque de Milei al sistema público es una buena oportunidad para tender puentes opositores. Da cuenta de una sociedad que divide su apoyo al Presidente pero pide casi a gritos la presencia del Estado que Milei considera "el enemigo".