Sociedad 30 de diciembre de 2021

Un año de aborto legal: un derecho que el Estado defiende pero no difunde

En estos doce meses el Poder Judicial logró frenar las acciones que pretendían obstaculizar la ley, pero ni el Estado nacional ni los provinciales informaron lo suficiente sobre el acceso a la IVE.

Al menos esa es la evaluación que realiza la ONG Amnistía Internacional, que presentó un informe llamado “no se ejerce un derecho que se desconoce”. Aunque aumentó la demanda de acceso a este procedimiento, no se expandieron los equipos del 0800 de Salud Sexual. Lo cuenta Julieta Roffo, quien hace unas semanas hacía esta crónica sobre la intimidad de los consultorios que garantizan el acceso al aborto legal.

El aumento de centros de salud que garantizan el aborto legal, la desigualdad entre provincias en el acceso al derecho, el récord de consultas sobre la práctica, el incremento en la distribución de misoprostol y la necesidad de mayor difusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), es el balance del primer aniversario de aplicación de la norma sancionada el 30 de diciembre del año pasado.

A través de un pronunciamiento, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, resaltó que la ley 27.610 de IVE "es un paso histórico que amplió el marco de acceso a los derechos" que "cambia el día a día de las mujeres, lesbianas, varones trans, personas no binaries y niñas que se encuentran ante la situación de un embarazo no deseado".

Los datos oficiales indican que fueron 32.758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público al 30 de noviembre de 2021.

Que la ley, el derecho, se conozca más en todo el país es un reclamo que hizo en la última semana Amnistía Internacional y es uno de los pedidos de la Campaña en su pronunciamiento.

Además solicitó "capacitación y sensibilización en perspectiva de género" para los equipos de salud.

La Campaña solicitó "la efectiva implementación" de la educación sexual integral "en todo el territorio y que las niñas no sean obligadas a gestar y a parir. ¡Separación ya de la iglesia y el Estado!".

Asimismo reclamó la libertad "de las más de 1.500 presas por abortos o eventos obstétricos" y el sobreseimiento de la médica Miranda Ruiz "criminalizada en Salta por garantizar un aborto legal" y "el cese de la persecución judicial a las compañeras de Salta que luchan por los derechos de las mujeres y disidencias sexuales. Basta de judicializar a quienes garantizan derechos".

La ley IVE "es una conquista y un mensaje de esperanza para los feminismos que en todo el mundo luchan por un mundo justo. El aborto legal es vida, es autonomía y es salud integral", resaltó la Campaña.