Alberto se juega el mandato con foco en la economía

Editorial Beat 04 de julio de 2021
Antes del cierre de listas, Fernández apura un aumento del salario mínimo y en las jubilaciones Además, evalúa un bono o un aumento extra del haber jubilatorio y medidas para alentar el consumo.
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Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, analizan por estas horas, antes del cierre de listas para las elecciones de medio término, el costo fiscal de una medida para compensar la nueva pérdida del poder de compra de los jubilados en el segundo trimestre. Una opción es repararlos con bonos por única vez, como los que se usaron para aliviar la caída de la capacidad adquisitiva del primer trimestre.

Pero otra alternativa en estudio consiste en otorgar un aumento extra del haber, que sirva como base para el del tercer cuarto del año. La nueva movilidad jubilatoria se basa en la variación de salarios, que por ahora corren por detrás de la inflación, y la recaudación, que está volando por la reactivación económica respecto de 2020 y los altos precios internacionales de la soja y el maíz. Gracias a la mejora de la recolección de impuestos, la movilidad permitirá que en septiembre, mes de las primarias, las jubilaciones por fin se recompongan sin medidas extraordinarias como las que ahora se analizan. 

El Gobierno también prevé esta semana mejorar el salario mínimo, lo que impactará también en el millón de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que cobran medio sueldo básico por media jornada laboral. Además de la revisión anticipada de las paritarias, dada la inflación mayor a la prevista, se agregarán medidas para financiar compras, como los planes Ahora 3, 6, 12 y 18. 
La pregunta es cómo evitará el Ejecutivo que los nuevos aumentos de salarios y jubilaciones se licúen con otra ronda de incrementos de precios.

¿De qué manera impedirá que los empresarios aduzcan que los sueldos elevan sus costos o que busquen aprovechar la mayor demanda para seguir recomponiendo los márgenes? En la Casa Rosada se quejan de lo que ganan Arcor, Molinos o las empresas de medicina prepaga y prometen aplicar la ley de defensa de la competencia contra quienes la incumplan. También amenazan con multas y sanciones.

Planea organizar un acto de agradecimiento a aquella mayoría de millonarios que pagaron sin chistar el aporte solidario. Será un evento en el que quiere rendirles cuentas del destino de lo recaudado. A diferencia de Claudio Lozano, director del Banco Nación, Fernández considera que no debe reeditarse el tributo extraordinario a los ricos. Al contrario, este jueves la Cámara de Diputados dio media sanción no sólo al alivio del desaguisado cometido con los monotributistas sino también a una desgravación de ciertas inversiones financieras, de modo tal de ampliar el diminuto mercado de capitales local.

En la Casa Rosada esperan que la mejor relación con el presidente demócrata de Estados Unidos allane el camino para una postergación de los dos vencimientos del capital de la deuda con el FMI de US$ 1.868 millones cada uno en septiembre y diciembre próximos. Además vencen US$ 396 millones de intereses en agosto y otros tantos en noviembre. En total, US$4.588 millones. Sin un acuerdo de por medio, esos pagos se llevarían todo lo que el Fondo enviará en agosto por la ampliación de los derechos especiales de giro (DEG), recursos con los que el organismo pretende asistir a todos los países del mundo ante la pandemia. No sólo Cristina Kirchner y sus senadores se resisten a usar los DEG para pagar la deuda. Fernández está de acuerdo con ella e intentará pactar un aplazamiento de pagos hasta 2022, como logró Guzmán con el Club de París o como consiguió el gobierno de Eduardo Duhalde con el propio FMI en la crisis de 2002 y hasta después de las elecciones presidenciales de 2003.

El Presidente busca ese plazo de gracia, pero aclara a sus interlocutores que ni él ni la vicepresidenta quieren un default con el Fondo. Pretende que el acuerdo para renegociar la deuda que dejó Macri implique la eliminación de sobrecargos que triplican los intereses, reclamo que la directora gerenta del organismo, Kristalina Georgieva, prometió analizar.

El Gobierno propone además que si a futuro el FMI amplía el periodo de devolución de sus créditos más allá de los 10 años actuales, se incorpore ese beneficio también al acuerdo que ahora negocia la Argentina. En la Casa Rosada admiten que este pedido encuentra menos eco. Opinan que en el FMI hay quienes ponen trabas a un pacto por supuestas cuestiones políticas: “Los que le dieron el crédito a Macri ahora no quieren darnos un acuerdo antes de las elecciones (legislativas de septiembre y noviembre)”.

Una postergación consesuada de los pagos al FMI contribuiría a la estabilidad cambiaria en la campaña electoral, justo cuando suelen intranquilizarse los ánimos de los inversores especulativos. 

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