Jubilaciones: un fallo ordena pagar la diferencia entre la suba otorgada en 2020 y el 42% que correspondía por ley

El País 09 de junio de 2021
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Un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca determinó ayer que, si bien fue válida la decisión del Gobierno de suspender la ley de movilidad durante un período de “emergencia” y definir los aumentos por decreto, corresponde devolverle a los jubilados la diferencia entre el aumento que efectivamente se otorgó y el que le correspondería de haberse aplicado la fórmula de movilidad suspendida. Esta diferencia llega en algunos casos a los 18 puntos porcentuales.

Tal como especifica el fallo, firmado por los jueces Pablo Esteban Larriera y Leandro Sergio Picado, la fórmula de movilidad fue suspendida por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, que entró en vigencia el 23 de diciembre de 2019. Con esa norma, la ley de movilidad impuesta durante la gestión de Mauricio Macri se suspendió por el plazo de 180 días y se dispuso que los aumentos se realizaran de manera trimestral por decreto hasta tanto se creara una nueva ley de movilidad. Por la circunstancia adicional de la pandemia, se prorrogó esa suspensión hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, la ley no estaba derogada, sino suspendida. 

Los jueces consideran válida esa maniobra, pero agregan que "deviene imperativo” que, una vez finalizada la emergencia declarada, se analice si existe diferencia entre la movilidad suspendida y la otorgada mediante decreto, “debiendo en caso de que así fuere, restituirse las sumas no otorgadas". 

El fallo detalla que la movilidad reconocida por los cuatro decretos dictados a lo largo de 2020 varió entre un 24,28% y un 35,31% según el monto del haber, y que fue inferior al incremento que le hubiere correspondido a todos los beneficiarios durante el año 2020 de haberse aplicado el suspendido artículo 32 de la ley 24.241, cuya movilidad arroja un incremento equivalente a un 42,13%.

El año pasado la Anses entregó dos bonos extraordinarios a los jubilados con haberes más bajos para saldar la diferencia entre el ajuste arrojado por la nueva fórmula y la inflación anual, que fue de 36,1%. De todos modos, el aumento que correspondió por ley está debajo del que hubiera otorgado la ley anterior, motivo por el que muchos jubilados iniciaron acciones legales. Hasta el momento, fueron resueltas de manera heterogénea, con fallos a favor del Gobierno y en contra, motivo por el que el tema deberá ser resuelto ahora por la Corte Suprema. 

 

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