Con 125 desaparecidos, Duque militariza Cali para frenar las protestas

América Beat 11 de mayo de 2021
Organizaciones de Derechos Humanos redactaron un lapidario informe contra el gobierno colombiano.
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Colombia continúa en estado de ebullición. A las protestas que se registraron el fin de semana en las principales ciudades se le suma el décimo paro nacional impulsado por las organizaciones sindicales. 

Las marchas contra el gobierno están por cumplir su segunda semana y hay registrados 39 muertos, según las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el accionar policial. Esta cifra no coincide con la del gobierno que indicó que hubo 27 víctimas fatales. 

En este marco, el presidente Ivan Duque anunció el despliegue de todas las fuerzas de seguridad con el fin de militarizar la ciudad de Cali y "restaurar el orden público local". 

El ex presidente Álvaro Uribe celebró la decisión presidencial y pidió la "captura de las hordas de bandidos que han invadido la ciudad [de Cali]". La idea de "invasión" es parte de la narrativa del uribismo y la derecha regional de apuntar al gobierno de Venezuela como organizador de la rebelión, tal como denunciaron en 2019 durante los estallidos de Chile y Ecuador. 

Mientras la violencia crece y la represión aumenta, las organizaciones de Derechos Humanos empiezan a mirar con preocupación el crecimiento del números de desaparecidos que participan de las marchas. 

LPO accedió a un informe de la "Misión de verificación del paro nacional en Santiago de Cali Abril- Mayo 2021" con fecha del 6 de mayo en colaboración que contó con el acompañamiento de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. 

Allí, destacan que desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo de 2021, reconociendo un subregistro a la fecha, se documentaron 156 desapariciones de los cuales aparecieron vivos 31 personas. Algunas de ellas fueron detenidas, heridas y golpeadas por la fuerza pública.  No obstante, agrega el reporte,  aún se desconoce el paradero de 125 personas. 

María Eugenia Alarcón es coordinadora de la Red de Defensoras de los Derechos Humanos y dijo a LPO que "alrededor de las manifestaciones pacificas, se iniciaron acciones de vandalismo que llevaron a enfrentamientos fuertes entre estas personas y el Esmad. Sin embargo en algunos sectores de la ciudad, en las noches se vivió con horror la agresión de la policía a los jóvenes manifestantes".


"El gobierno nacional solo responde con acciones de fuerza pública pero no generó las condiciones para un dialogo que permitiera canalizar las solicitudes del paro nacional y de las personas que organizaron barricadas y cierres de la ciudad, que hoy han generado desabastecimiento de alimentos, oxigeno para los hospitales y combustible. En algunos casos se iniciaron diálogos mediados por la Iglesia y se han concretado la apertura de corredores humanitarios. Hoy ha ingresado combustible, alimentos e insumos médicos", agregó. 

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