La Corte Suprema de México resolvió que la penalización del aborto es inconstitucional “ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar”.
De esta forma, se podrá acceder a abortos en instituciones federales de salud y los médicos no podrán ser penalizados por practicarlos. Hasta ahora, el Código Penal Federal contemplaba penas de uno a tres años para los que “hagan abortar a una mujer”, aunque sea con su consentimiento, e inhabilitaciones de dos a cinco años para los médicos que realizan estos procedimientos.
La resolución se tomó después de que el grupo feminista GIRE, junto a otras organizaciones, presentara un amparo contra el Congreso de la Unión -el Poder Legislativo de México- y el Ejecutivo para reclamar la modificación del Código Penal.
Así, hace dos años que se ganó la batalla contra la criminalización, para que no haya en las cárceles mujeres por abortar. La implementación sigue siendo el gran pendiente porque hay una gran brecha entre que esté permitido abortar y que realmente se pueda hacer.
La lucha tampoco ha terminado a nivel judicial. En México se permite un acceso parcial al aborto, en la mayoría de los casos hasta las 12 semanas de embarazo, en Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz —donde estaba aprobado antes de la decisión de la Corte de 2021—, y a raíz de la resolución del tribunal se aprobó en Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Aguascalientes, este último hace apenas una semana gracias a un amparo también de Gire.
La organización feminista tiene ya presentados otros 21 amparos para los Estados que faltan por modificar su código penal. Isabel Fulda explica que eso puede provocar un efecto dominó para que los Congresos locales se adelanten y quiten el aborto de la legislación, o también puede ser al contrario: “A los Estados más conservadores les ayuda que sea la Suprema Corte quien les obligue porque así no asumen ellos el coste político”.
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