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La Justicia: las leyes de la Dictadura

Una de casi diez leyes vigentes fueron pensadas y aprobadas durante la última Dictadura.

El País 24/03/2022
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Hace unos años se realizó un digesto jurídico para ordenar la legislación vigente en la Argentina. Allí quedó en evidencia que aproximadamente 400 de las 4.449 leyes que hoy regulan a nuestra sociedad fueron aprobadas durante el Terrorismo de Estado.

FD85D100-CB17-4722-96B2-B9381BFC106DLa CAL fue un órgano muy activo entre 1976 y 1983. De allí surgieron las leyes que procuraron moldear a la sociedad según la intención de la Junta de "refundar la nación". De las normas que aún nos regulan, el número más grande fue sancionado el último año del gobierno de facto, mientras los militares preparaban su salida. 

La vuelta de la democracia trajo también el debate sobre la validez de las leyes dictadas por el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”. La discusión comenzó un poco antes, cuando en septiembre de 1983 Reynaldo Bignone anunció la sanción de la ley de Pacificación Nacional (22.924) que luego sería conocida como la ley de Autoamnistía por su intento de evitar que quienes habían participado en el terrorismo de Estado fueran juzgados por las instituciones democráticas.

El dirigente radical Raúl Alfonsín se pronunció públicamente en contra de esa norma y anunció en su campaña electoral que la derogaría si llegaba a ser presidente. Por otro lado el peronismo, encabezado por Ítalo Luder, criticaba la ley pero la consideraba jurídicamente válida.

“Debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de facto llamada de Pacificación o de Amnistía”, señaló Alfonsín en el mensaje de elevación del proyecto de ley. “Las normas de facto no gozan de la presunción de legitimidad que beneficia a las de origen democrático, su validez precaria queda cancelada cuando, como en este caso, su contenido es claramente inicuo”, agregó.

La sanción de esta ley, que abrió  la puerta al Juicio a las Juntas, dio paso al año siguiente a otra norma de gran importancia: la ley de Defensa de la Democracia (23.077), que derogó una serie de artículos y leyes de facto relacionadas con la represión y el terrorismo de Estado: eliminó del Código Penal Argentino la pena de muerte y anuló la posibilidad de que los tribunales militares procesaran a civiles. Modificó además el Código Penal para reemplazar la expresión “rebelión” por la de “atentados al orden constitucional y a la vida democrática”, delito por el que los golpistas podrían recibir hasta 25 años si fueran militares.

En cuanto a la Corte Suprema, renovada completamente tras el retorno democrático, su postura fue que la validez de las normas y actos dictados en dictadura “está condicionada a que explícita o implícitamente el gobierno constitucionalmente elegido que los suceda la reconozca”, tal como analizó el abogado e investigador en Derecho Enrique Groisman en el libro “Usted también Doctor”, de Juan Pablo Bohoslavsky. Años después, una Corte Suprema modificada en su composición bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem cambiaría este criterio.

De las 4.449 leyes vigentes, mas 400 son de la época y siguen vigentes o con cambios menores. Esto representa casi una de cada diez de las normas que nos rigen. Y atraviesan los más diversos ámbitos: desde el funcionamiento de los bancos y la relación del Estado con la Iglesia, hasta el régimen de tiendas libres de impuestos en aeropuertos (free-shop), pasando por la estructura judicial y aduanera. 

Hay otras menos conocidas, pero no por eso menos importantes. Entre ellas, la ley de Inversiones Extranjeras (21.382) otorgó en 1976 beneficios a las empresas foráneas al equipararlas con las de capital nacional y sin la obligación de reinvertir en el país. El actual Código Aduanero fue sancionado en 1981, y la ley que regula las expropiaciones (21.499) fue sancionada cuatro años antes.

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