Rechazan recurso a empleados del Poder Judicial que no quieren vacunarse

Córdoba Beat 14 de septiembre de 2021
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El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia rechazó el recurso presentado por empleados judiciales que se niegan a ser vacunados contra el coronavirus para volver al trabajo presencial y ratificó que en ese caso deberán presentar un test PCR negativo cada tres días.

En su rechazo, sostiene que en ningún momento se ordenó la vacunación coactiva o forzosa de ningún trabajador, pero que se estableció que deberán trabajar de manera presencial presentando ese certificado en los plazos estipulados.

En tal sentido, fijó que las disposiciones implican restricciones estrictamente limitadas temporalmente que se adoptaron en el marco de la pandemia y ante la detección de nuevas variantes de alta transmisibilidad en la provincia, como la Delta.

Concluye que la reglamentación no aparece como irrazonable ni desproporcionada, y por el contrario es adecuada o idónea para la consecución de fines constitucionalmente válidos como son la protección de la salud de los trabajadores judiciales y de la salud pública en general.

Por su parte, Ricardo Rosenberg, administrador General del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, confirmó el rechazo al planteo de algunos empleados judiciales, el cual se va a notificar inmediatamente y señaló que los argumentos son "sólidos y con origen en el mayor sentido común, por el que se pretende proteger la salud de la comunidad judicial y de la comunidad más extensa".

Cabe recordar que a partir del 1º de septiembre el Poder Judicial de la Provincia estableció la vuelta a la presencialidad de sus agentes, y que quienes no estuviesen vacunados debían presentar un test PCR cada 72 horas, afrontado con su propios recursos, para asistir a sus lugares de trabajo. Quiénes no cumplan con estas normativas, serán licenciados sin goce de sueldo. Sólo serán exceptuados de esta normativa, los agentes agentes que padecen inmunodeficiencias, pacientes oncológicos y transplantados.

La polémica se generó porque muchos empleados de la Justicia de Córdoba, se resisten a trabajar de manera presencial con aquellos que no se vacunaron contra el coronavirus y que están siendo intimados para volver a realizar sus tareas en sus lugares habituales de trabajo.
 

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