El Gobierno evalúa un proyecto de Salario Básico Universal

El País 28 de agosto de 2021
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El proyecto se discute al más alto nivel. El reclamo de los movimientos sociales por un Salario Básico Universal está en los despachos del gobierno nacional. Después de la masiva movilización del 7 de agosto pasado, desde Liniers hasta Plaza de Mayo, el debate por la forma de abordar la emergencia social en un contexto de pandemia y aumento de pobreza se intensificó en las últimas semanas dentro del Frente de Todos. En público y en privado.  

Las organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) plantean que la medida debe aprobarse de manera urgente y sostienen que el gobierno de Alberto Fernández tiene capacidad de financiar un piso de ingreso universal superior a la línea de indigencia y equivalente a un tercio del salario mínimo.

Comandada por dirigentes sociales que en muchos casos son funcionarios y en otros forman parte de la alianza oficialista, la cúpula de la UTEP multiplicó sus esfuerzos desde el 7 de agosto para lograr que el salario universal sea considerado como una alternativa posible por parte de un gobierno que camina hacia las elecciones en un contexto de lo más delicado, donde la vacunación acelerada y la reapertura de la economía no alcanzan a compensar el derrumbe de los ingresos que se profundizó durante los últimos tres años y medio.

El objetivo es que el Salario Básico Universal vaya destinado a las personas de entre 18 y 65 años en edad de trabajar que no tiene una inserción plena en el mercado laboral. Una transferencia que esté dirigida a la población que queda al margen tanto del régimen de Asignaciones Familiares y la AUH -para menores de 18 años- como del sistema previsional que rige para los mayores de 65.

Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora, que anticiparon más de una vez una posición en principio refractaria a la propuesta, ya no le cierran la puerta por completo.

La semana pasada, hubo un hecho que marcó hasta qué punto el tema se está debatiendo en el interior del oficialismo. Grabois y el diputado del Frente de Todos Itai Hagman se reunieron con Martín Guzmán en el ministerio de Economía para discutir el tema.

El objetivo de los movimientos sociales es ambicioso: que el Presupuesto 2022, que Guzmán debe presentar tres días después de las PASO en el Congreso, incluya una partida para financiar la medida. Pero esa posibilidad, que le devolvería al oficialismo la iniciativa con un proyecto destinado a su base electoral, demandaría un equilibrio de lo más fino para un gobierno que apunta a cerrar cuanto antes con el Fondo y sigue caminando por la cornisa de la escasez.

En base a los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y de fuentes estadísticas complementarias, desde la UTEP sostienen que el número de beneficiarios del Salario Básico Universal sería de alrededor de 9,4 millones de personas, una cifra similar a la que recibió el IFE en los meses iniciales de la cuarentena estricta. Con un tope de dos salarios básicos universales por grupo familiar, el propósito es garantizar un piso de ingresos hasta que el mercado laboral del país consiga generar nuevos puestos de trabajo formales. Ahí es donde empieza una de las discusiones más intensas en el oficialismo. Porque mientras para la dirigencia política el objetivo es volver a crear “un modelo de producción y empleo” que permita reducir al mínimo la transferencia de ingresos, para los dirigentes sociales el regreso a un modelo de pleno empleo es inviable y la precariedad laboral llegó para quedarse. 

Entre los movimientos sociales que apoyan al gobierno, afirman que el costo fiscal bruto de 2,5% del PBI pero se reduciría al 1,6% del PBI con la absorción de otros programas hoy vigentes como el de la Tarjeta Alimentar que implementó el ex ministro Daniel Arroyo y tanto Grabois como Emilio Pérsico cuestionaron. Además, los economistas que trabajan con los movimientos sociales aseguran que el 100 por ciento del Salario Universal será destinado al consumo de productos esenciales y generará un ingreso adicional por lo que finalmente el costo fiscal neto rondaría el 1,07% del PIB. Cómo financiar esa partida es lo que el gobierno, en especial Guzmán, debería resolver después de un año de pandemia en el que el gobierno nacional no otorgó el paliativo del IFE para los sectores más vulnerables y la cifra de muertos pasó de 43 mil en diciembre pasado a más de 110 mil en vísperas de las PASO. 

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