Ya son más de 6.000 los edificios que se han derrumbado por completo en la región y las estructuras colapsadas ascienden a 11.000. Las autoridades aún no han podido evaluar el daño total en las infraestructuras de la región, pero se cree que pueden ser centenares de miles las edificaciones que han quedado completamente inhabitables. 

Conforme pasan los días, crecen las preguntas y las críticas por las políticas de construcción del Gobierno turco. El país euroasiático se sitúa en una zona sísmica muy activa y debe cumplir normativas de seguridad en sus construcciones para que estas puedan resistir un seísmo, explica Sedat Turkmen, geólogo en la Universidad de Çukurova en Adana. Turkmen remarca que son los fallos en la construcción los que provocan más fallecidos, no el terremoto en sí. “Aspectos como el material del cemento o el diseño de la estructura son cruciales”.

Desde el año 2000 se han aprobado varias legislaciones que exigen a las constructoras utilizar hormigón de gran calidad reforzado con aceros en las regiones más propensas a sufrir terremotos. La estructura del edificio también debe seguir una tecnología que absorba el impacto del temblor. 

Varios edificios derrumbados en provincias como Malatya, Kahramanmaras o Gaziantep fueron construidos hace menos de tres años, según varias informaciones publicadas en la prensa turca. 

La legislación de prevención antiterremotos no solo se aplica a las nuevas construcciones; también exige controles en edificaciones más antiguas. Estas renovaciones son muy costosas para las empresas constructoras y el Gobierno les ha tendido la mano con continuas amnistías, para que queden exentas de multas o no se vean obligadas a cumplir con los certificados requeridos. El geólogo Turkmen considera que estas amnistías son, en parte, causa del derrumbe de tantos edificios en el terremoto del lunes.

“La prevención a nivel de arquitectura es clave en estos casos. Es como tener un protocolo antincendios. Se puede prevenir mayor daño de un terremoto con una buena construcción. Está comprobado con muchos estudios. Otros países con una actividad sísmica alta, como Japón, tienen legislaciones más estrictas (que Turquía)”, asegura Cruz Neves. 

Una semana antes del terremoto del 6 de febrero, medios turcos anunciaron que el Gobierno estaba preparando un nuevo proyecto de ley para otorgar nuevas amnistías a edificaciones que no cumplen con las normativas para la prevención de terremotos.

Como consecuencia, también se produce confusión en la población, que no termina de saber si su propia vivienda es segura y podría resistir un nuevo seísmo. “Cuando alquilas o compras un piso, tienes que tramitar un certificado conforme el edificio es seguro ante un terremoto. Aun así siempre te queda miedo en el cuerpo sobre si ese papel es real o un mero trámite”, admite Asli Korkucu, arquitecta. Según una encuesta de la empresa turca Konda (2020), el 80% de la población en Turquía desconoce si su edificio podría resistir un sismo.