La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció hoy que más del 11% de los beneficiarios está sujeto a "ser suspendido" de recibir el Potenciar Trabajo y que a partir del mes que viene, cuando se concrete el pago de enero, cobrarán un 50% del beneficio, si no inician una "instancia de reclamo" que será abierta por la cartera para tal fin.

Tras haber concluido ayer el período estipulado para que los beneficiarios validaran sus datos, la titular de la cartera dio una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde aseguró que su gestión cuenta actualmente con "más certezas que dudas" sobre las personas que integran el padrón y garantizó que los esfuerzos estarán destinados "a la población más vulnerable, a los jóvenes, a quienes demostraron gran interés en continuar educándose o formándose laboralmente y a las mujeres", que constituyen el 67% del total de inscriptos.

"Tenemos muchas más certezas y podemos decir que estas personas no tienen bienes registrables, que no compraron dólares y no presentan incompatibilidades con el Potenciar Trabajo", afirmó Tolosa Paz, al mismo tiempo que aseguró que el resultado del relevamiento está en manos de la justicia, cuando le preguntaron sobre las supuestas incompatibilidades halladas por la AFIP meses atrás, que motivaron una causa judicial en manos del fiscal Guillermo Marijuan.

En ese sentido, la titular de la cartera recordó que en diciembre pasado se dispuso la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo -menos del 0,3% de los beneficiarios- por haber adquirido dólares ahorro y consumos en dólares con tarjeta de crédito.

La funcionaria destacó que en estos últimos 60 días 1.210.571 personas validaron su identidad, es decir, el 88,7% de los registrados en el Progresar Trabajo, de los cuales el segmento más grande está conformado por jóvenes de 18 a 29 años (39,1%).

Tolosa Paz afirmó que el 39,1% de los beneficiarios del programa son jóvenes de entre 18 y 29 años, e hizo incapié en la prioridad de que "encuentren una salida a partir de la oferta educativa" o en la continuidad de un "camino de formación laboral", a partir del programa Fomentar y de los centros de articulación de políticas del ministerio, además de un trabajo conjunto con la cartera de Educación, que encabeza Jaime Perczyk.

A su vez, Tolosa Paz hizo una evaluación respecto de los resultados de la auditoría sobre el programa y consideró que el relevamiento sacó a la luz gran cantidad de información que servirá para "direccionar el esfuerzo del Estado" con mayor precisión.

En este marco, las 154.441 personas que no validaron su identidad "están sujetas a ser suspendidas" del programa, aunque cobrarán en febrero el 50% del monto correspondiente a enero, mientras se transita una "instancia de reclamo". Por lo que implicarían un impacto fiscal de "más de 2.500 millones de pesos", aunque remarcó que todavía pueden revertir esa situación quienes hayan tenido "dificultades geográficas" para validar sus datos.

La auditoria mostró que del total de beneficiarios, 1.134.472 personas realizan actividades productivas o comunitarias; 46.471 realizan cursos de capacitación y 29.628 están finalizando estudios formales. 

Del total, el 60% de ellos no finalizó estudios primarios o secundarios y, de ese grupo de personas con estudios incompletos, el 79,2% quiere "continuar con su trayectoria educativa" y, de ellos, el 56% se manifestó "muy interesado" en emprender ese camino. También, el relevamiento visibilizó que 1.050.833 de titulares "quieren iniciar o continuar trayectos de formación laboral", es decir, el 86,8% del total.